Reforma de las pensiones de los magistrados: un nuevo aplazamiento
Los jueces del Tribunal Constitucional han vuelto a aplazar hasta el 18 de febrero la decisión sobre las pensiones especiales de los magistrados.
Daniela Budu, 12.02.2026, 11:31
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha aplazado por quinta vez su veredicto sobre la reforma de las pensiones de los magistrados que desea el Gobierno, un hito más del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia acordado con Bruselas. Se ha programado una nueva sesión del Tribunal sobre este tema para el 18 de febrero. Esta vez, el Tribunal Constitucional ha decidido aplazar la decisión para tener tiempo de analizar la última solicitud formulada por el Tribunal Superior de Casación y Justicia, que se refiere a la remisión al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si las modificaciones de las pensiones de los magistrados propuestas por el Ejecutivo de Bucarest respetan el Derecho comunitario. Cabe recordar que el nuevo proyecto de modificación de las pensiones de los jueces y fiscales aprobado por el Gobierno prevé el aumento gradual de la edad de jubilación a 65 años, y que el importe de su pensión no puede superar el 70 % de la indemnización neta percibida en el último mes de actividad. Los repetidos aplazamientos del Tribunal Constitucional de Rumanía para pronunciarse sobre la ley han generado duras reacciones en el ámbito político, especialmente en el contexto de las advertencias transmitidas por el Ejecutivo de Bucarest y la Comisión Europea sobre el riesgo de perder fondos del PNRR.
El viceprimer ministro Tánczos Barna:
«No puedo aplaudir este tipo de decisiones porque he visto cuál es su impacto financiero. Sin duda, el Tribunal Constitucional es una institución que debe respetarse, una institución que es un pilar de la democracia en Rumanía, pero también debemos tener en cuenta que estas reformas son absolutamente necesarias y tienen consecuencias financieras, consecuencias extremadamente graves para el presupuesto de Rumanía.»
Por su parte, el ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoş Pîslaru, advirtió de que Rumanía corre el riesgo de perder más de 230 millones de euros en fondos europeos no reembolsables debido a los repetidos aplazamientos del Tribunal Constitucional.
Dragoş Pîslaru:
«Parecen dilaciones realizadas con el claro objetivo de preservar ciertos intereses, en un contexto en el que los magistrados se encuentran en conflicto de intereses sobre este tema. Hasta que no tengamos la carta oficial, no puedo decirles que hayamos perdido dinero, repito, pero tal y como ha dicho el primer ministro, las posibilidades de recuperarlo tras este aplazamiento son extremadamente reducidas.»
«El problema de las pensiones de servicio debe resolverse. No es posible que en un país en el que la gran mayoría de la sociedad está, con razón, descontenta con este aspecto, no logremos resolverlo», declaró, por su parte, el ministro de Desarrollo, Cseke Attila. El presidente del Senado, Mircea Abrudean, que calificó la situación de «triste», considera que Rumanía probablemente perderá fondos del PNRR.
El viernes pasado, el primer ministro Ilie Bolojan envió una carta al Tribunal Constitucional en la que señalaba que el aplazamiento de la decisión sobre las pensiones de los magistrados podría suponer la pérdida de fondos europeos. Según la prensa rumana, la Comisión Europea «tomó nota» del nuevo aplazamiento decidido por el Tribunal Constitucional. En una respuesta a una cadena de televisión privada, los funcionarios europeos precisan que siguen analizando la situación y que decidirán si mantienen o no la suspensión de los 231 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Versión en español: Brigitta Pană
