Modificaciones en la ley de insolvencia
El Gobierno de Rumanía ha modificado la ley de insolvencia. Así, el Estado podrá recibir acciones para cancelar las deudas de las empresas.
Leyla Cheamil, 28.09.2018, 14:37
El Gobierno en Bucarest ha modificado la ley de insolvencia por procedimiento de urgencia. “Las modificaciones en la legislación pretenden eliminar algunas prácticas abusivas, como las insolvencias fraudulentas con las que se evitaba el pago de obligaciones a los socios y a las arcas del Estado”, ha precisado la primera ministra Viorica Dăncilă. En Rumanía, más de 6000 empresas con más de 64.000 empleados han declarado la insolvencia. La ordenanza de urgencia prevé convertir la deuda de la empresa en acciones. El Estado recibirá estas acciones para liquidar las deudas de las respectivas compañías y la Agencia Tributaria aplicará procedimientos claros en este sentido, ha declarado el ministro de Finanzas, Eugen Teodorovici. Según han señalado los medios de comunicación en Bucarest, el ámbito empresarial ha criticado la medida, destacando que el Estado no tiene nada que ver con las compañías privadas, mientras que los expertos en insolvencia hablan de una nacionalización disfrazada. Eugen Teodorovici ha explicado que los cambios en la ley de insolvencia tienen como causa algunas irregularidades en la aplicación de la antigua legislación.
«Estas irregularidades han hecho que la deuda pública total supere los 63.000 millones de lei (unos 13.500 millones de euros) por parte de las compañías en situación de insolvencia, pero el nivel de recaudación de la deuda ha alcanzado solo un 6%. A esto se suma lo que significa obligaciones ante las compañías acreedoras que forman parte del sector privado. Debemos aprobar la conversión, la reducción o la cesión de los créditos presupuestarios, por supuesto en ciertas condiciones, para evitar la quiebra de las empresas con un alto potencial de recuperación, así como otros graves efectos sociales y económicos.»
El ministro de Finanzas también ha dicho que, a través de las nuevas regulaciones, se podrán garantizar todas las condiciones necesarias para recuperar y mantener las compañías en el circuito económico y proteger el dinero público mediante recaudaciones a las arcas del Estado. Entre las principales modificaciones en la ley de insolvencia figuran fomentar la responsabilidad del administrador judicial y la participación del deudor en la gestión de actividades.
Además, las modificaciones se refieren al rechazo de la solicitud de inicio de los trámites si no se envía una notificación previa a la Agencia Nacional de Administración Tributaria. Según los datos publicados en la página web de la Oficina Nacional del Registro de Comercio, el número de sociedades comerciales y personas físicas autorizadas en situación de insolvencia ha bajado casi un 2,5%, en los primeros 8 meses de este año, frente al periodo similar en 2017. La mayoría de las situaciones de insolvencia para empresas y PFA se han registrado en Bucarest. Según el tipo de actividad comercial, el mayor número de situaciones de insolvencia se ha registrado en el comercio al por mayor y menor y la reparación de coches y motos.
(versión española S. Sarbescu)
