El CSM, dictamen negativo para la reforma de las pensiones de los magistrados
El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) emitió un dictamen negativo sobre el proyecto de reforma de las pensiones de los magistrados; el dictamen es consultivo, pero obligatorio.
Ştefan Stoica, 28.11.2025, 10:17
En Rumanía, el Consejo Superior de la Magistratura, la institución que garantiza la independencia del poder judicial, ha emitido un dictamen negativo sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones en el régimen de las pensiones que reciben los jueces y fiscales. El dictamen del CSM es consultivo, pero obligatorio desde el punto de vista procedimental. Precisamente porque no contaba con dicho dictamen, la versión anterior de la reforma de las pensiones especiales de los magistrados, por la cual el Gobierno de coalición había asumido responsabilidad en el Parlamento, no superó el examen constitucional.
Según el nuevo proyecto, el importe de la pensión de los magistrados será del 55% de la base de cálculo, representada por la media de las retribuciones brutas de los últimos cinco años, pero no podrá superar el 70% de la última retribución neta. Además, el período de transición hasta alcanzar la edad de jubilación de 65 años será de 15 años, calculado a partir del 1 de enero de 2026. Según el proyecto anterior, también criticado por los magistrados, la transición hacia la edad de jubilación de 65 años se habría realizado más rápidamente, en 10 años.
Los debates entre el poder ejecutivo, encargado de establecer el importe de las pensiones, incluidas las de los magistrados, y las asociaciones de magistrados, aunque mediadas por el presidente del país, se saldaron con un fracaso. Los magistrados solicitaban que su pensión fuera casi del mismo nivel que el último salario percibido, mientras que el primer ministro, Ilie Bolojan, insistió en que la pensión no superara el 70% del último salario neto.
El vicepresidente del CSM, Claudiu Sandu, declaró el jueves que, si entran en vigor las nuevas modificaciones relativas a las pensiones de servicio, existirán tres tipos de jubilados en la magistratura: unos con una pensión casi un 25% mayor que su salario, otros con una pensión igual al salario y, finalmente, los que —en su opinión— serán desventajados, es decir, aquellos que trabajarán hasta los 65 años y tendrán una pensión reducida a la mitad. Se generarían, por lo tanto, desigualdades dentro del sistema.
El vicepresidente del CSM no mencionó, sin embargo, las desigualdades actuales, consideradas por muchos como escandalosas, entre las pensiones de los magistrados, que ascienden a miles de euros y se basan solo en una pequeña parte en las contribuciones realizadas durante la vida activa, y las pensiones de los ciudadanos rumanos comunes, mucho más bajas y a las que no pueden acceder antes de los 65 años.
Los comentaristas coinciden en que los responsables de las anomalías que rigen el régimen de las pensiones especiales de los magistrados son los legisladores, que han permitido que estos se jubilen antes de los 50 años y reciban pensiones iguales o incluso superiores a su último salario. Por otra parte, cualquier intento razonable de reformar el defectuoso sistema de pensiones de los magistrados, tal como ha solicitado también la Unión Europea, ha sido rechazado categóricamente por los fiscales y jueces, alegando que representaría un atentado contra la independencia judicial.
La presidenta del CSM, Elena Costache, fue aún más lejos y acusó, sin fundamento, que los magistrados se han convertido en blanco de una campaña de odio, tras haber sido objeto de un asedio por parte de los líderes políticos.
