El Tribunal Constitucional de Rumanía, decisiones y aplazamientos
El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR, por sus siglas en rumano) aún no ha tomado una decisión sobre la ley que modifica el sistema de jubilación de los magistrados, pero ha validado la ley que permite la reforma de la ASF, la ANRE y la ANCOM.
Leyla Cheamil, 25.09.2025, 10:58
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha aplazado hasta el 8 de octubre su veredicto sobre la ley relativa a las pensiones de los jueces y fiscales, por la que el Gobierno ha asumido la responsabilidad ante el Parlamento. A principios de septiembre, las Secciones Unidas del Tribunal Superior de Casación y Justicia decidieron remitir al Tribunal esta ley, que, según afirman, infringe nada menos que 37 decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y numerosos principios fundamentales del Estado de Derecho.
Las principales razones de inconstitucionalidad invocadas por los magistrados se refieren a la violación del principio del Estado de derecho, de la independencia del poder judicial, de la seguridad jurídica, de la legalidad y la irretroactividad de la ley, de la confianza legítima, la creación de discriminaciones sin justificación racional y objetiva, así como el incumplimiento de obligaciones legales imperativas, como la solicitud del dictamen obligatorio del Consejo Superior de la Magistratura sobre la forma definitiva de la ley. El tema de la modificación del sistema de jubilación de los magistrados y la eliminación de algunos de sus privilegios ha generado debates acalorados en la sociedad rumana y tensiones entre el Consejo Superior de la Magistratura y el Ejecutivo.
En la sesión plenaria del Parlamento para asumir la responsabilidad sobre los proyectos de ley del segundo paquete de medidas destinadas a reducir el déficit del país, el primer ministro Ilie Bolojan recordó que los magistrados rumanos se jubilan a los 48-49 años, y que la pensión media en la magistratura supera los 24.000 leus (aproximadamente 4.800 euros). También dijo que muchas pensiones alcanzan incluso los 35.000-40.000 leus (aproximadamente 7.000-8.000 euros), especialmente en el caso de los magistrados que han ocupado cargos de dirección.
«Con la reforma que proponemos, habrá un período transitorio de 10 años, al final del cual la jubilación de los magistrados se producirá a los 65 años, la edad estándar de jubilación en Rumanía. La antigüedad laboral necesaria para jubilarse aumentará de 25 a 35 años, como es el caso del resto de ciudadanos. Hasta ahora, el importe de la pensión era del 100 % del último salario neto, pero hemos limitado este porcentaje al 70 % del salario neto del último mes», también precisó el primer ministro, quien señaló que, a pesar de esta reducción, las pensiones de los magistrados seguirían siendo, en cualquier caso, considerables.
También para el 8 de octubre se aplazaron las denuncias presentadas por la oposición respecto a las tres de las leyes incluidas en el segundo paquete de medidas de equilibrio fiscal y presupuestario. La única objeción de inconstitucionalidad que fue rechazada fue la relativa a la ley para la mejora de la eficiencia de algunas autoridades administrativas autónomas, que tiene por objeto la reestructuración de la Autoridad Nacional de Administración y Regulación de las Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Regulación de la Energía y la Autoridad de Supervisión Financiera, por lo que el acto normativo es constitucional y puede entrar en vigor.
Versión en español: Monica Tarău
