Protestas contra la ley salarial
El proyecto de ley sobre el sistema salarial unitario sigue provocando protestas en la calle. Sorin Titus Iordan nos explica cuáles son las principales disposiciones que están provocando la indignación entre los distintos colectivos de empleados públicos.
Sorin Iordan, 17.06.2026, 11:34
El proyecto de ley de remuneración unitaria de Rumanía sigue provocando descontento entre las distintas categorías de empleados públicos. Publicado para consulta pública a finales de mayo, el proyecto de ley propone una reorganización estructural completa del sistema público, que afecta a la jerarquía de los puestos, las escalas retributivas, el sistema de complementos salariales y la evaluación del rendimiento. La ley introduce una nueva estructura única compuesta por 12 grados salariales y establece una relación máxima de 1 a 8 entre el salario más bajo y el más alto del sector público. Al mismo tiempo, todos los puestos se reevaluarían a nivel nacional según una metodología coordinada por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de eliminar las disparidades entre instituciones y categorías profesionales.
El ministro interino de Trabajo, Dragoş Pîslaru, declaró recientemente que la nueva ley no supondrá una reducción de ningún salario actualmente en vigor en el sector público ni de las pensiones. Admitió que el proyecto presenta varios problemas, pero afirmó que se están buscando soluciones para subsanarlos.
A pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno, las principales confederaciones sindicales advirtieron que las modificaciones provocarán una reducción de los ingresos de los empleados públicos. Los trabajadores de los servicios de ambulancia protestaron contra la disminución de los complementos salariales por turnos, días festivos, guardias y condiciones peligrosas, así como contra la reducción de los ingresos netos derivada de los coeficientes salariales propuestos. La federación que los representa solicitó la revisión del proyecto y el mantenimiento de los derechos salariales de esta categoría de personal sanitario.
A ellos se sumaron miles de empleados de la Agencia Nacional de Administración Fiscal, de las oficinas territoriales de pensiones y también de los tribunales. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) criticó en términos muy duros el proyecto de la ley de remuneración unitaria, afirmando que «socavará definitivamente el funcionamiento de la justicia». El CSM señaló que, tras la aprobación de la ley, los ingresos de un magistrado principiante «se situarán en un nivel absolutamente inaceptable» y que los magistrados perderán ingresos incluso si ascienden a un tribunal o una fiscalía de rango superior.
También existe descontento entre el personal docente. Una de las disposiciones más controvertidas del proyecto de ley de remuneración unitaria se refiere al complemento por mérito, que actualmente supone un aumento del 25 % del salario de un profesor. Los sindicatos representativos advierten que este complemento podría eliminarse de la escala salarial básica y ser sustituido por una prima de rendimiento incierta, concedida trimestral, semestral o anualmente y limitada a un máximo del 30 % de los empleados. Según los sindicatos, el proyecto de ley también prevé la integración en el salario base de la indemnización por sobrecarga neuropsíquica y la eliminación del complemento por la función de tutor de grupo.
Tampoco hay tranquilidad entre los empleados de las aduanas, que el miércoles organizaron una huelga de advertencia. La aprobación de la ley de remuneración del personal del sector público constituye un compromiso asumido por Rumanía en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y condiciona el acceso a fondos europeos por un valor superior a 700 millones de euros. Para no perder estos recursos, la ley debe ser aprobada antes del verano de este año.
Versión en español: Brigitta Pană
