Reformas en espera
Las reformas prometidas por el Gobierno de Rumanía aún no se concretan
Bogdan Matei, 17.02.2026, 10:56
El aumento del impuesto sobre el valor añadido, el incremento de los impuestos especiales sobre los combustibles, los impuestos y tasas municipales que se han duplicado o triplicado en algunas localidades con respecto al año pasado, las facturas cada vez más elevadas de la energía y la inflación que merma el poder adquisitivo de los rumanos: los analistas concluyen, casi por unanimidad, que todas las convulsiones económicas y sociales de los últimos meses han afectado exclusivamente a los contribuyentes.
Mientras tanto, los responsables políticos ni siquiera han conseguido iniciar la reforma del Estado, que llevan prometiendo desde hace más de medio año, desde que se constituyó el actual Gobierno cuatripartito, declarado proeuropeo, PSD-PNL-USR-UDMR.
La reforma de las pensiones de los magistrados volverá a estar en la agenda del Tribunal Constitucional de Rumanía (TCR), tras cinco aplazamientos para tomar una decisión; el último, después de que el Tribunal Superior de Casación y Justicia solicitara al Tribunal Constitucional que remitiera el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que este verificara si las modificaciones propuestas por el Gobierno respetan el derecho comunitario. El miércoles, los jueces constitucionales deberían decidir si aceptan esta solicitud o si la declaran inadmisible. La aceptación de esta solicitud retrasaría la decisión sobre las pensiones de los magistrados al menos varios meses.
La portavoz del Gobierno declaró la semana pasada que es solo cuestión de días que Bruselas informe oficialmente a Rumanía si ha perdido la partida de financiación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, por valor de más de 230 millones de euros, que dependía de esta reforma.
Tampoco hay armonía en la coalición gubernamental, que, reunión tras reunión, intenta esbozar la reforma de la administración pública, el paquete de reactivación económica y el presupuesto estatal para este año.
Los temas están relacionados entre sí, señala la prensa, porque el dinero que se ahorrará en la administración pública se utilizará para la reactivación económica y, sobre la base de los dos paquetes, se constituirá el presupuesto. Sin embargo, el primer ministro liberal Ilie Bolojan y los líderes socialdemócratas no se han puesto de acuerdo sobre la forma de reducir los gastos de la administración pública local y central.
El PSD sostiene que la reducción generalizada de los salarios de los funcionarios no es una reforma y puede provocar graves bloqueos en sectores críticos del sistema presupuestario. Por su parte, la USR acusa al PSD de retrasar la adopción del paquete de reformas en la administración.
Lo que parece no tener solución en la capital ha comenzado a resolverse en el territorio. Toda la prensa ha registrado una primicia absoluta en la administración rumana: los alcaldes de dos municipios del distrito de Satu Mare (noroeste), Beltiug y Socond, han anunciado oficialmente que quieren unificar sus ayuntamientos. La decisión se ha tomado para reducir los gastos presupuestarios, en un contexto en el que los alcaldes han reconocido que sus localidades ya no pueden sostenerse financieramente.
Versión en español: Antonio Madrid
