Rumanía mantiene la calificación del país en la categoría recomendada para inversiones («BBB-» a largo plazo), pero con perspectiva negativa, lo que refleja una confianza frágil.
Mientras los mandatarios afirman que las impopulares medidas anunciadas son absolutamente necesarias, los afectados amenazan con huelgas.
El Gobierno de Rumanía está decidido a equilibrar las finanzas públicas y aplicar políticas económicas responsables.
Los empleados del sector público consideran insuficientes los aumentos salariales prometidos por el Gobierno rumano.
