La ley de integridad, impugnada ante el Tribunal Constitucional
El presidente Nicuşor Dan ha impugnado la ley de integridad de los cargos públicos ante el Tribunal Constitucional.
Mihai Pelin, 11.08.2026, 10:13
El presidente Nicuşor Dan ha impugnado la reciente ley sobre la integridad de los cargos públicos, aprobada por el Parlamento rumano. El jefe de Estado alega la inconstitucionalidad de varias disposiciones, entre ellas, la que impone la aplicación retroactiva de las sanciones y la que amplía la obligación de declarar el patrimonio a las parejas de hecho, y no sólo a los cónyuges.
En el texto de la denuncia, el presidente recuerda que la nueva disposición incluida en la Ley de la ANI, tal y como fue aprobada por el Parlamento, amplía la obligación de cumplimentar y presentar las declaraciones de patrimonio y de intereses, que antes recaía únicamente en el titular del cargo público, a su cónyuge o pareja de hecho. En el caso del presidente de Rumanía, esta obligación afecta también a los diputados, el primer ministro, los ministros y otros altos cargos. Hasta ahora, las declaraciones de patrimonio de los altos cargos incluían, por regla general, únicamente los bienes propios y los de los hijos menores de edad, sin que existiera una obligación independiente para la pareja de hecho.
«La extensión directa de la responsabilidad sancionadora a determinadas personas por el mero hecho de su vínculo afectivo con un cargo público constituye una forma agravada del vicio de inconstitucionalidad ya constatado por el Tribunal en 2025, ya que extiende la responsabilidad específica de los cargos públicos a personas que no ocupan ningún cargo ni ejercen ninguna prerrogativa de autoridad», señaló el jefe de Estado. El presidente añadió que esta «forma de injerencia en la vida privada excede incluso los límites establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de conflictos de intereses».
Otro de los puntos impugnados se refiere a la inhabilitación de tres años para ocupar un cargo público. Según la denuncia, la nueva normativa transforma esta inhabilitación, que surtía efectos para el futuro, en una cesación automática del cargo o mandato que se está ejerciendo en ese momento. La ley propone la cesación de pleno derecho del mandato en un plazo de 30 días para los representantes locales declarados definitivamente incompatibles o en situación de conflicto de intereses antes de la entrada en vigor de la nueva ley. En otras palabras, podría aplicarse con carácter retroactivo.
Sin embargo, el presidente Dan afirma que dicha disposición vulnera el principio de irretroactividad de la ley consagrado en la Constitución y sostiene que Rumanía necesita «una solución sólida desde el punto de vista constitucional, no un texto vulnerable elaborado en función de cálculos e intereses políticos coyunturales que corre el riesgo de ser derogado más adelante y de crear un vacío legislativo en materia de integridad».
En esta situación se encontrarían varios cargos públicos que podrían perder sus puestos, entre ellos el alcalde de Timișoara y líder de la USR, Dominic Fritz. La denuncia del presidente se produce después de que la ley fuera aprobada, entre polémica, por el Parlamento.
Los senadores de la USR, con el apoyo de los del PNL, también han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad, inmediatamente después de su aprobación. Ambos recursos se tratarán en la sesión del miércoles, a pesar de que los jueces están de vacaciones.
La ley de la ANI es un hito en el PNRR y, si no se aprueba antes del 31 de agosto, Rumanía perderá 770 millones de euros.
Versión en español: Victoria Sepciu
