Conflicto entre el poder jurídico y el poder legislativo
El arresto preventivo del exministro socialdemócrata, el senador Dan Sova, en un caso de corrupción, depende de la decisión del Tribunal Constitucional al margen del voto controvertido del Parlamento
Florentin Căpitănescu, 27.03.2015, 14:46
Después de la decisión tomada el pasado martes por el Senado de Rumanía de rechazar la solicitud de aprobar la detención del senador socialdemócrata, Dan Sova, en un caso de corrupción, y de una serie de reacciones por parte de los representantes de la justicia, e incluso del presidente de Rumanía, han conducido a la idea de que el voto es controvertido y que hace falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.
La Dirección Nacional Anticorrupción había solicitado a los senadores que aprobaran el arresto preventivo de su colega, Dan Sova, ya que sobre él planea la acusación de haber falsificado y destruido pruebas para salvarse en el caso en que está investigado, el delcobro ilegal de 3 millones y medio de lei en comisiones por parte de los complejos energéticos de Rovinari y Turceni. Aunque la mayoría de los senadores presentes votó a favor del arresto, la solicitud de la Dirección Nacional Anticorrupción fue rechazada al ser invocada la ausencia del cuórum. La decisión ha sido atacada inmediatamente, en primer lugar por la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, que ha solicitado al Consejo Superior de Magistradura que reclame el caso ante el Tribunal Constitucional, por bloquear la autoridad legislativa de la justicia.
La fiscal interpone recurso a una decisión del año 2008 del Tribunal Constitucional, que había decidido que las solicitudes de detención de un senador o diputado, dirigidas al Legislativo, fueran adoptadas con una mayoría sencilla de los parlamentarios presentes en la sala de reunión. El presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, ha declarado a su vez, que en el caso de Sova se ha aplicado el reglamento interno del Senado, que nunca ha sido reclamado ante el Tribunal Constitucional. En base a dicho reglamento, esta cámara se pronuncia con la mayoría de los votos de los senadores, presentes o no en la reunión.
En esta disputa ha intervenido también el presidente de Rumanía, Klaus Johannis, que advirtió al Tribunal Constitucional que constatara la existencia de un conflicto de índole constitucional entre el poder jurídico y el poder legislativo, a raíz de la omisión del Parlamento de acordar las disposiciones legales con la Constitución. El Tribunal ha anunciado que se pronunciará en torno a este asunto el próximo 8 de abril. En la serie de reacciones alrededor del controvertido voto se inscriben también las del PNL, en la oposición, que se ha dirigido también al Tribunal Constitucional, y las de las embajadas de EEUU, Gran Bretaña y Holanda que siguen desde cerca el modo en que son tratados los casos de corrupción en Rumanía.
