¿Cómo ve el Gobierno la reforma de la administración pública?
El Gobierno rumano avanza rápidamente en la puesta en marcha de la reforma de la administración pública, una ley que considera vital para la preparación del presupuesto para el año 2026.
Sorin Iordan, 14.01.2026, 11:21
El proyecto de reforma de la administración pública, que forma parte de las medidas para reducir el déficit presupuestario de Rumanía, ha sido sometido a debate público por el Ministerio de Desarrollo. El acto normativo modifica varias leyes y contiene, entre otras cosas, una disposición relativa a la reducción del 10 % de los gastos de personal de la administración pública central, sin que ello afecte a los salarios básicos de los empleados. La reducción se llevará a cabo mediante la reorganización institucional, la reducción de los complementos salariales o la supresión de puestos de trabajo. En cambio, a nivel de las autoridades locales se prevé una reducción del 10 % de los puestos ocupados.
Asimismo, se eliminarán más de 6.000 puestos de asesores personales y se reducirán en un 25 % los puestos de las instituciones del prefecto. Además, se limitarán los salarios de algunos jefes de las autoridades estatales y se reducirá el número de miembros de algunos consejos de administración. El proyecto de ley también prevé duplicar el impuesto sobre los edificios ilegales durante un período de cinco años y restringir a los deudores que deseen vender o comprar viviendas y automóviles. Al mismo tiempo, el texto otorga al Estado el derecho a retener los impuestos y tasas impagados de las prestaciones por discapacidad o de las ayudas sociales.
El Ministerio de Desarrollo ha comunicado que, tras la aplicación de esta ley, los gastos presupuestarios se reducirán en aproximadamente 3.370 millones de leus (unos 660 millones de euros) en 2026 y en casi 5.760 millones de leus (unos 1.130 millones de euros) anuales entre 2027 y 2030. El ministro de Desarrollo, Cseke Attila, ha afirmado que las medidas incluidas en el proyecto apoyan la descentralización y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas locales y conducen a una mayor eficiencia de los servicios para los ciudadanos, a la equidad social en la recaudación de impuestos y a una mejor disciplina financiera.
Por su parte, el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, ha declarado que este paquete de reformas debe aprobarse lo antes posible, antes de la aprobación del presupuesto estatal para 2026, ya que cualquier retraso supondrá un aumento de los gastos. Ilie Bolojan:
«La reforma de la administración consiste, por un lado, en reducir los gastos y, por otro, en reforzar la capacidad de la administración, principalmente la local, para ser más eficaz, recaudar impuestos y estar al servicio de los ciudadanos, de modo que el dinero recaudado por el aumento de los impuestos sobre la propiedad se destine a inversiones y no a la remuneración de algunas personas. Antes de aprobar el presupuesto, debemos aprobar este paquete, porque, de lo contrario, el presupuesto de Rumanía no podrá cerrarse dentro de estos parámetros».
El primer ministro ha recordado que Rumanía paga cada año entre 11.000 y 12.000 millones de euros en intereses, lo que representa el 3 % del producto interior bruto, y que gracias a las medidas ya aprobadas, aunque impopulares, se ha logrado equilibrar la situación y el país ha ganado credibilidad ante sus socios y las instituciones financieras.
Versión en español: Monica Tarău