Debates sobre los salarios de los empleados públicos
Un nuevo proyecto de ley centra la atención del Gobierno de Rumanía. Se trata de la nueva Ley de Salarios para el sector público. Si se termina de redactar hasta el próximo mes de septiembre, quedará incluida en el borrador de presupuesto del próximo año
Valentin Țigău, 19.07.2013, 14:41
Hace tres años, el Gobierno de Bucarest elaboró un marco unitario para la ley de salarios que establecía una proporción entre el salario mínimo y el máximo del 1 a 15, limitaba el número de categorías de salarización a 110 y limitaba los incentivos y los complementos salariales a un máximo del 30% del salario básico.
A causa de las limitaciones financieras, los salarios en el sistema público ya no se pudieron establecer según esta ley, de forma que se han mantenido las mismas irregularidades, con una relación entre el salario mínimo y el máximo de 1 a 35, con más de 400 categorías de salarización y un límite de los complementos salariales del 51% del ingreso salarial. El Gobierno está ahora trabajando en una nueva ley de salarios en el sistema público que prevé que los salarios de los empleados públicos tengan una parte fija, pero tambíen una parte variable, que dependa de los resultados profesionales individuales de los empleados, así como de los gastos de personal repartidos entre los principales proveedores de créditos.
En Rumanía, el número de los funcionarios públicos asciende a 1.200.000 personas. A través de la nueva ley de salarios en el sistema público, los salarios básicos para cada categoría de salarización se establecerán como valores nominales utilizando un coeficiente de 800 lei, que corresponde al salario mínimo bruto de la economía nacional del pasado 1 de julio, y la diferencia entre dos categorías de salarización succesivas se mantendrá en un 2,5%. Al mismo tiempo, el nivel de los incentivos, las compensaciones, los complementos y las indemnizaciones, junto con los salarios básicos, no puede superar los aumentos salariales previstos para cada año a través de leyes anuales especiales.
Los gubernantes consideran que la nueva ley será mejor que la anterior, mientras que otros opinan que el objetivo es recortar los sueldos. La ex ministra de Trabajo, Sulfina Barbu, vicepresidenta del PDL, en la oposición, ha pedido explicaciones sobre el modo en que se puede aplicar la ley. Sulfina Barbu:
“El Gobierno actual debe explicar cómo desclasificará a un funcionario que ahora ocupa un determinado cargo, tiene una posición y lleva años trabajando, es decir ya está clasificado en la lista. Consideramos que es ilegal desclasificar a un funcionario e incluirlo en una categoría inferior.”
Los profesores tampoco aprueban este proyecto y han presentado ante el Gobierno cientos de peticiones firmadas por decenas de miles de personas, en que solicitan que se reanuden las contrataciones y se modifiquen los niveles de salarización en el sitema de Educación, de forma que la indemnización por años de servicio no sea incluida en el salario.
También los empleados del sector de Sanidad califican la nueva oferta del Gobierno de inútil para el sector sanitario y anuncian el inicio de varias acciones sindicales de protesta, para el próximo mes de septiembre. Rumanía tiene unos 40.000 médicos, pero a causa de los salarios pequeños, solo en los primeros 3 meses de este año, casi 600 empleados sanitarios han salido al extranjero.
(traducido por Simona Sarbescu)
