Leyes controvertidas en debate
Rumanía ha entrado en la última semana en la que aún puede completar las inversiones y las reformas previstas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Daniela Budu, 26.08.2026, 11:42
Rumanía se encuentra en los últimos días en los que aún puede completar las inversiones y las reformas asumidas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. La fecha límite es el 31 de agosto, y lo que está en juego asciende a miles de millones de euros. El presidente Nicuşor Dan mantuvo el martes una nueva ronda de negociaciones con los líderes de los partidos de la antigua coalición de gobierno, en un intento por desbloquear la situación y alcanzar un consenso en torno a la Ley de remuneración unitaria, un hito en el PNRR, pero las conversaciones no dieron ningún resultado.
En estas circunstancias, Rumanía corre el riesgo de no cumplir este hito —que, por cierto, debería haberse alcanzado hace tres años— y de perder 770 millones de euros. Se han celebrado varias consultas sobre esta ley. El mes pasado, el ministro de Trabajo, Dragoș Pîslaru, publicó un nuevo proyecto de ley, que no fue aceptado por los partidos y provocó protestas y huelgas en el sector público. A finales de la semana pasada, tras las conversaciones entre los líderes de los partidos y el presidente, se presentó una nueva versión de la ley, que volvió a descontentar a los sindicatos. Hasta ahora, solo el PNL y la USR han anunciado que apoyarán el proyecto. La USR considera que hay que encontrar un equilibrio entre la presión social y la presupuestaria. La UDMR quiere que los ingresos no disminuyan, mientras que el PSD desea una ley salarial equitativa.
El primer ministro en funciones, Ilie Bolojan, ha advertido en una cadena de televisión privada que, de no llevarse a cabo esta reforma, el equilibrio presupuestario del país podría deteriorarse gravemente en los próximos años. En cuanto a la Ley de Integridad, otro hito en el PNRR, los diputados de la USR han presentado un nuevo proyecto de ley, aunque, paralelamente, se ha reanudado en el Parlamento de Rumanía el proceso legislativo de la iniciativa que había sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional. La disposición fue impugnada ante el Tribunal Constitucional de Rumanía, pero declarada constitucional. La nueva ley de la ANI, propuesta por la USR, no tiene efectos retroactivos, respeta las decisiones del Tribunal, digitaliza los procedimientos y consolida la Agencia Nacional de Integridad, cumpliendo con los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, sostiene la USR.
Debido a las recientes modificaciones legislativas introducidas en la Ley de Integridad, los líderes de los grupos políticos europeos, el Partido Popular Europeo y Renew —a los que están afiliados el PNL y la USR—, han solicitado a la presidenta de la Comisión Europea que transmita de forma inequívoca a Rumanía que el pago de los fondos del PNRR está condicionado a que se lleven a cabo reformas que respeten plenamente los principios fundamentales de la Unión Europea. Otra reforma pendiente del PNRR de la que depende la aprobación de la solicitud de pago nº 5 es el proyecto de ley sobre la integración del hidrógeno procedente de fuentes renovables y con bajas emisiones de carbono en la industria y el transporte.
Tras la presentación de esta solicitud, Rumanía recibiría aproximadamente 10.600 millones de euros de las subvenciones del PNRR, lo que significa que aún quedan en juego unos 2.580 millones de euros en subvenciones. Una vez finalizadas las inversiones y las reformas comprometidas, las autoridades deberán presentar la solicitud de pago número 6, la última del programa. Según las autoridades rumanas, la solicitud se presentaría antes del 30 de septiembre de 2026.
Versión en español: Monica Tarău
