Los efectos de una ley inadecuada
La nueva ley de educación adoptada este otoño en Ucrania ha levantado críticas y ha sido calificada por la mayoría de los expertos de, como mínimo, inadecuada.
Corina Cristea, 03.11.2017, 18:03
La nueva ley de educación adoptada este otoño en Ucrania ha levantado críticas y ha sido calificada por la mayoría de los expertos de, como mínimo, inadecuada. Según los representantes de las minorías de Ucrania, el artículo 7 de esta ley limita drásticamente el derecho a estudiar en el idioma materno. La ley prevé reemplazar las asignaturas que se enseñan en el idioma de las minorías con asignaturas que se enseñarán en el idioma ucraniano.
La primera fase de la reforma está prevista para el próximo 1 de septiembre de 2022, y la tercera y última, a partir de 2027. Según la iniciativa que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2018, las lenguas de las minorías se podrán usar solo en los primeros cuatro años de la primaria. Posteriormente la enseñanza se va a impartir en el idioma de Estado con elementos de los idiomas de las minorías nacionales. La ley estipula que se garantiza el derecho de estudiar el idioma materno, en grupos especializados de los establecimientos educativos de educación primaria y secundaria o a través de las sociedades culturales de sus colectividades.
Dicha norma ha sido criticada por las autoridades de Rumanía y por otros países de la región que tienen comunidades étnicas en esta república exsoviética. Se ha defendido que, conforme con las previsiones del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, los Estados se comprometen a reconocer el derecho de cualquier persona que pertenece a una minoría nacional a estudiar en su idioma materno. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, canceló su visita a Ucrania tras la aprobación de la ley en el Parlamento al declarar que la ley «contradice los buenos propósitos mutuos».
En opinión de los críticos, dicha ley podría generar conflictos, descontentos sociales e inestabilidad en Ucrania. Presente en la sala de la sesión de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano), el diputado Grigore Timiş, étnico rumano, no ha participado en la votación, ha retirado su tarjeta de diputado del sistema electrónico protestando de esta forma contra la adopción de dicha ley. En un programa de Radio Rumanía, Grigore Timiş ha dicho que la decisión de las autoridades de Kiev se ha tomado en el contexto de la tendencia de rusificación existente en la parte oriental del país, pero que la medida afecta a todas las minorías.
“Si hasta ahora nosotros, los rumanos, teníamos más de 100 escuelas nacionales, ahora hay solo 70 y su número viene disminuyendo año tras año. Sobre todo en la región de Cernăuţi, actualmente hay poco más de 60 colegios en rumano. La ley actual permite la enseñanza en el idioma materno solo en la educación inicial y primaria. Después de esta etapa se enseñará solo en ucraniano.”
Casi medio millón de étnicos rumanos viven en este Estado vecino, en su mayoría en los territorios rumanos de la parte oriental del país, anexionados en 1940, tras el ultimátum de la antigua Unión Soviética y desde 1991 forma parte de Ucrania como Estado sucesor. Bucarest ha criticado repetidas veces la adopción de la nueva ley de educación de Ucrania. El ministerio de Exteriores, el Ministerio de los Rumanos del Extranjero y el Parlamento han expresado su postura en varias reuniones entre autoridades de ambos países vecinos. Nada ha servido para convencer a Petro Poroşenko que cambie de opinión y finalmente firmó la ley adoptada por la Rada Suprema a principios del pasado mes de septiembre.
A solicitud de Rumanía, apoyada por otros cinco países, esta causa ha sido debatida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha adoptado una resolución crítica sobre la nueva ley ucraniana de educación. Según dicha resolución, ”cuando los Estados toman medidas para promover el idioma oficial, no deben vulnerar las medidas destinadas a promover los idiomas de las minorías nacionales”, porque, ”si no se respeta este principio, el resultado será la asimilación y no la integración”, han llamado la atención los miembros de la Asamblea.
Problemas con la observancia del derecho a la educación en rumano existen también en Transnistria, región separatista del este de la República de Moldavia. Los institutos con enseñanza en rumano de la izquierda del río Nistru son blancos predilectos de las políticas antirumanas practicadas por los separatistas de Tiraspol. Un ejemplo en este sentido es el caso del Instituto Esteban el Grande y Santo de Grigoriopol, que perdió su sede por una decisión de las autoridades de Transnistria de hace 15 años. Los alumnos y los profesores se ven obligados a desplazarse a otra localidad llamada Doroţcaia, para estudiar en rumano. La directora del instituto, Eleonora Cercavschi:
”Se están violando nuestros derechos desde hace decenios. Nos dirigimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos dió la razón. Pero esto no nos sirvió de nada. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Por eso estamos aquí, para decirle a la Federación Rusa que la herida está abierta y está sangrando.”
Esta declaración ha sido hecha durante una protesta delante de la Embajada de la Federación Rusa de Chişinău, para denunciar el hecho de que Moscú no respeta la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 19 de octubre de 2012 por la cual el Gobierno ruso ha sido declarado responsable de la violación del derecho a la educación en rumano en la región separatista de Transnistria.
