Reacciones ante una resolución del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha declarado constitucional la disposición según la cual los cargos electos que se encuentren en situación de incompatibilidad pueden perder su mandato
Mihai Pelin, 18.08.2026, 10:55
El Parlamento rumano volverá a reunirse en sesión extraordinaria: la decisión del lunes del Tribunal Constitucional de Rumanía (TC) sobre la nueva ley de integridad, un hito incluido en el PNRR, obliga a los diputados a modificar rápidamente el texto de la ley para que Rumanía no pierda 770 millones de euros. La ley debe promulgarse antes de que termine el mes.
Los jueces del Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre los recursos presentados por el presidente Nicuşor Dan, así como por el PNL y la USR, que impugnaban las enmiendas introducidas por el PSD y la AUR (la oposición socialdemócrata y la populista, de corte ultranacionalista) sobre la sanción retroactiva de los cargos electos locales que se encuentren en situación de incompatibilidad y la ampliación de la obligación de declarar el patrimonio y los intereses a las parejas de hecho.
Los magistrados del Tribunal Constitucional han validado la enmienda que priva de su cargo a los alcaldes declarados incompatibles, pero han rechazado la obligación de que las parejas de hecho de los cargos públicos declaren su patrimonio. Además, el TC ha reiterado que las declaraciones de patrimonio ya no serán públicas. Estas seguirán siendo confidenciales y se conservarán en la Agencia Nacional de Integridad. En opinión de los magistrados, el legislador no puede imponer obligaciones jurídicas a personas que mantengan relaciones personales no reconocidas legalmente por el Estado.
La cuestión ha adquirido una fuerte carga política tras vincularse al caso de Mirabela Grădinaru, pareja sentimental del presidente Nicușor Dan. No obstante, ella ha hecho públicas sus declaraciones de patrimonio y de intereses, en un gesto que se ha presentado como una muestra de transparencia.
En cuanto a la regulación de las medidas sancionadoras por conflicto de intereses, esta queda dentro del margen de apreciación del legislador, y su aplicación a lo largo del tiempo mediante las normas transitorias adoptadas se ha llevado a cabo respetando la Constitución, afirman los jueces.
Más de 120 personas corren el riesgo de perder sus puestos a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, que prevé la pérdida del mandato o del cargo en caso de que existan sentencias firmes que determinen el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades y conflicto de intereses. Entre ellas se encuentran 47 cargos públicos que ocupan actualmente cargos electivos o públicos.
El nombre más sonado es el del alcalde de Timişoara, Dominic Fritz, que recibió en junio una sentencia firme del Tribunal Supremo de Casación y Justicia. El líder de la USR reaccionó de inmediato y denuncia un brutal abuso de poder validado por los magistrados. No está de acuerdo con que el texto de la ley se aplique con carácter retroactivo y ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La reunión del TC se produjo en medio de la polémica suscitada en la opinión pública por una reciente reunión no anunciada, celebrada en el Senado, entre la presidenta del TC, Simina Tănăsescu, y el primer ministro interino, Ilie Bolojan. El Consejo Superior de la Magistratura, las direcciones de los tribunales y las asociaciones de magistrados han solicitado aclaraciones públicas urgentes, al considerar que una reunión informal de este tipo suscita dudas legítimas y afecta a la confianza en la imparcialidad de la justicia.
En respuesta, la presidenta del Tribunal Constitucional, Simina Tănăsescu, rechazó firme y categóricamente cualquier especulación, precisando que las conversaciones se centraron exclusivamente en cuestiones administrativas e institucionales, sin relación alguna con los asuntos pendientes. Al mismo tiempo, la presidenta del TC designó a otro juez ponente que asumió sus funciones en el asunto relativo a la Ley de Integridad.
Versión en español: Antonio Madrid