«La plataforma no funciona»: muchos trabajadores extranjeros se quedan sin permiso de residencia
La plataforma WorkinRomania ha sido bloqueada por un proceso judicial y cientos de trabajadores extranjeros corren el riesgo de perder su permiso de residencia sin tener culpa alguna.
Iulia Hau, 07.10.2026, 11:51
En abril, el Gobierno de Rumanía aprobó una nueva ordenanza sobre la contratación y colocación de trabajadores extranjeros tras meses de negociaciones con las partes interesadas. Aunque la ordenanza entró en vigor el 27 de abril, la contratación de extranjeros está prácticamente bloqueada: la plataforma WorkinRomania lleva sin funcionar desde el 15 de agosto, es decir, desde hace casi siete semanas. Cientos, quizá miles de extranjeros corren así el riesgo de perder su permiso de residencia.
Georgiana Bădescu, coordinadora del programa «Migración y asilo» del Centro de Recursos Jurídicos, explica a qué se debe este bloqueo.
«Por desgracia, ahora nos encontramos en un callejón sin salida en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones de la ordenanza. La plataforma WorkinRomania está bloqueada debido a un proceso ante el Tribunal de Apelación relativo a la suspensión de la orden sobre la lista de profesiones con escasez de mano de obra, proceso en el que se enfrentan la Asociación de Importadores de Mano de Obra y el Ministerio de Trabajo».
PIFM es el acrónimo de la Asociación de Importadores de Mano de Obra, la organización que solicitó ante los tribunales la suspensión de la lista de profesiones con escasez de mano de obra. La lista incluía 289 profesiones. La patronal la considera una restricción abusiva, ya que limita las profesiones para las que se pueden contratar trabajadores extranjeros. El argumento es que el Ministerio habría seleccionado las profesiones de forma restrictiva, sin realizar un análisis real del mercado, lo que afecta al derecho de las empresas a contratar según las necesidades reales del mismo.
Georgiana Bădescu lo explica:
«Debido a la suspensión que la PIFM ha conseguido en los tribunales, la plataforma WorkinRomania lleva bloqueada desde el 15 de agosto. Esta situación afecta gravemente a todos los trabajadores migrantes, ya que hay muchos casos en los que un trabajador migrante se ha encontrado, se encuentra o se encontrará en situación de estancia ilegal de forma involuntaria debido a estos problemas burocráticos, a este proceso y a la falta de garantías respecto a sus derechos. Las personas cuyos documentos vayan a caducar pasarán a encontrarse en situación irregular sin que sea culpa suya, sin tener ningún tipo de garantía y sin que se les conceda una prórroga del derecho de residencia».
El problema de los migrantes en situación irregular, que no tienen ninguna culpa, no es nuevo. Tanto la prensa nacional como la internacional y las organizaciones de derechos humanos lo han señalado en repetidas ocasiones. Para dar respuesta a este problema, el Gobierno ha puesto en marcha un programa de regularización de migrantes en esta situación, que ha durado dos meses. Como resultado, 3666 personas han recuperado su derecho a residir legalmente en el país, mientras que 112 se han visto obligadas a abandonarlo, porque no cumplían los requisitos para inscribirse en el programa.
Los expertos consideran que el número de personas que se presentaron al programa fue reducido en comparación con el número real de posibles beneficiarios. Afirman que muchos migrantes no se presentaron por temor a no cumplir los requisitos y a ser devueltos forzosamente a sus países de origen.
Georgiana Bădescu, del Centro de Recursos Jurídicos, afirma lo siguiente:
«Aunque los plazos son tales que colocan al migrante en una situación de estancia ilegal involuntaria, de la que no es responsable, el legislador rumano debe intervenir y ofrecer algunas garantías. Lo único que hemos conseguido hasta ahora es un comunicado de la Inspección General de Inmigración en el que nos aseguran que aplicarán el principio de proporcionalidad al examinar cada caso individualmente, pero eso no es suficiente. En la actualidad, si un migrante se encuentra en situación de estancia ilegal debido a las trabas burocráticas y al proceso judicial y es detenido en la calle, se le entregará una resolución de retorno y se verá obligado a regresar al país del que vino. Hablamos de personas con préstamos, de personas de buena fe que llevan más de cuatro años residiendo legalmente en Rumanía y que pasarán a estar en situación irregular porque la plataforma no funciona. Entonces nos preguntamos dónde está la proporcionalidad y el respeto a los derechos de los migrantes, porque en la situación actual es evidente la violación de sus derechos».
El Centro de Recursos Jurídicos ha enviado una carta abierta a los ministerios del Interior y de Trabajo, a la Inspección General de Inmigración y a la Agencia Nacional de Empleo en la que solicita que el sistema se adapte a la situación actual y que se brinden garantías a los extranjeros.
Al mismo tiempo, Georgiana Bădescu critica algunas de las enmiendas introducidas en la ordenanza por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Considera que estas contradicen precisamente los motivos por los que se aprobó la ordenanza.
«Las enmiendas de la Comisión de Trabajo se refieren a comisiones impuestas exclusivamente a los extranjeros, lo que constituye una disposición discriminatoria, porque no se puede imponer una comisión a un trabajador extranjero y distinguirlo expresamente de un empleado rumano por el mero hecho de ser extranjero. Además, esta medida permite que las agencias y los empleadores cobren comisiones a los migrantes, ya que cualquier resquicio dará a la agencia la posibilidad de seguir cobrando al trabajador. Esta formulación de las comisiones por asesoramiento será objeto de abuso por parte del sector privado, como ya ocurrió en el pasado y como ocurre en la actualidad. Ya existen situaciones en las que las agencias exigen a los migrantes la comisión y la fianza que deben pagar al Estado. Por eso, no quieren que se mantenga la disposición según la cual el salario debe cobrarse exclusivamente mediante tarjeta».
El pago del salario exclusivamente mediante tarjeta sería una garantía importante para los migrantes, explica Georgiana Bădescu. Ayudaría a demostrar los salarios impagados en los litigios laborales. Esto es especialmente importante, ya que pocos migrantes pueden permitirse un abogado que los represente ante los tribunales.
Versión en español: Victoria Sepciu