La energía y los certificados verdes
Más de mil sindicalistas de la industria han solicitado en Bucarest la reducción de los certificados verdes. Consideran que representan una importante carga para los grandes consumidores de energía, especialmente para las compañías metalúrgicas.
Bogdan Matei, 14.03.2014, 16:16
Rumanía ha puesto en marcha un plan para apoyar la producción de energía verde a medio y largo plazo para facilitar su entrada en el mercado eléctrico. Una de las maneras de promover la producción de energía verde es a través de los certificados verdes. Según el tipo de energía verde y de tecnología, los productores reciben un número de certificados por cada MWh [megavatio-hora] de energía verde que se produce. Son títulos que se pueden negociar de manera distinta, según la cantidad de energía eléctrica producida, en un mercado organizado. Los proveedores y los productores de energía eléctrica compran los certificados según la energía que corresponde al consumo final propio, además del consumo tecnológico.
Últimamente, los sindicalistas del sector metalúrgico han protestado contra la política promovida en el sector energético. Cabe mencionar que en el sector metalúrgico se gasta mucha energía y, por lo tanto, se necesitan numerosos certificados verdes. Los sindicalistas han solicitado en Bucarest que se ponga en marcha rápidamente una ley para aprobar la ordenanza sobre los certificados verdes. Sus representantes afirman que, en caso contrario, el precio que pagan las grandes compañías industriales aumentaría mucho y sería posible cesar su actividad.
El presidente Traian Băsescu ha promulgado esta ley para mostrar que no es culpable del supuesto crecimiento del precio de la energía eléctrica, como lo acusaba el primer ministro Victor Ponta:
“He querido cerrar una zona de demagogia y les puedo decir que no ha sido nada fácil, pero he entendido la causa de esta campaña: el precio de la energía eléctrica aumentará un 50% si el presidente no promulga la ley que aprueba la ordenanza y entonces la he promulgado. Estoy convencido de que ahora el Gobierno explicará cómo bajará el precio en un 50%.”
Según el documento, a partir del próximo 1 de julio, los productores de energía renovable recibirán únicamente parte de los certificados verdes que les corresponden, para recuperarlos dentro de tres años. En los últimos días, el presidente y el primer ministro han tenido varias disputas sobre los efectos que produciría el atraso en la promulgación de la ley. Victor Ponta sostiene que así se podría evitar el aumento del precio de la energía para la industria y el consumidor, pero el presidente opina lo contrario.
Băsescu ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo rumano no ha avisado a la Comisión Europea antes de elaborar el documento. Sin embargo, los representantes del Gobierno afirman que han cumplido con todos los procedimientos. El conflicto entre el primer ministro y el presidente se solucionará en el Tribunal Constitucional el próximo miércoles.
