Los rumanos, ciudadanos europeos
La decisión de Viena de ajustar, a partir del 1 de enero de 2019, las prestaciones por hijos no residentes de los trabajadores de Austria ha generado reacciones en países donde la medida equivale a una disminución en los montos de pago.
Corina Cristea, 18.01.2019, 17:44
La decisión de Viena de ajustar, a partir del 1 de enero de 2019, las prestaciones por hijos no residentes de los trabajadores de Austria ha generado reacciones en países donde la medida equivale a una disminución en los montos de pago. Uno de estos países es Rumanía, donde se trata de un ajuste de 0.484, un coeficiente que representa la diferencia entre el nivel de precios de los dos países calculado según un indicador a nivel europeo.
En particular, las prestaciones por hijos a cargo se reducirán a la mitad. Este ajuste de derechos no refleja el principio de igualdad y no discriminación, los valores comunes en los que se basa la Unión, ni el principio «unidad en la diversidad», en el que se consolidó el proyecto europeo, ha declarado en Bucarest la ministra de los Rumanos en el Extranjero Natalia-Elena Intotero. El Ministerio ha anunciado que trata la situación de los rumanos afectados por esta ley, una ley que afecta también a los ciudadanos de otros Estados de la Unión y este asunto debe abordarse a nivel europeo.
Desde el punto de vista de Bucarest, mientras los rumanos tengan las mismas obligaciones que los ciudadanos de los Estados donde trabajan y paguen las mismas contribuciones que los ciudadanos de los respectivos países, merecen tener los mismos derechos. El ajuste de los subsidios por los hijos no residentes de los trabajadores rumanos de Austria es un caso claro de discriminación, y el Gobierno está considerando dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha anunciado el jefe de la diplomacia rumana, Teodor Melescanu. Al mismo tiempo, en una intervención en Radio Rumanía, el ministro de Trabajo y Justicia Social, Marius Budai, explica:
«La posición clara de Rumanía sobre este tema es que los trabajadores europeos deben ser tratados de manera equitativa en los Estados miembros en los que desarrollan su actividad, y su derecho a la libre circulación es uno de los cimientos de la UE y del mercado único. Por lo tanto, Rumanía se opone a cualquier iniciativa que ponga en peligro el principio de igualdad con respecto a la libre circulación de trabajadores y los derechos derivados de la igualdad de las contribuciones pagadas por los trabajadores rumanos en los Estados miembros y tomará medidas para resolver el problema. Además, tuvimos una discusión con la comisaria Thyssen, comisaria de Trabajo de la UE, quien estuvo de acuerdo con la posición de Rumanía sobre este tema».
La Comisión Europea también ha anunciado que analizará de cerca la ley de Austria con respecto a su compatibilidad con la ley europea. Mientras tanto, un portavoz de la Comisión recordó que la posición de Bruselas es bien conocida: el ajuste de las prestaciones familiares no está en línea con la legislación europea. El ministro austriaco de la Familia ha rechazado las críticas de Bucarest y ha dicho que Rumanía, como actual presidente del Consejo de la Unión Europea, debe tener una posición neutral. Es cierto, dice el profesor universitario Iulian Chifu, pero en un debate Rumanía, como cualquier otro Estado, tiene su propio punto de vista. Por otro lado, el tema de las prestaciones sociales se debatió en el Reino Unido durante la campaña del referéndum para el brexit, recuerda el profesor Chifu:
«En aquella época UKIP, el Partido Independiente del Reino Unido con Nigel Farage al frente, elaboró un proyecto de ley parecido. Algunos de los conservadores apoyaron este proyecto como por ejemplo Boris Johnson el alcalde de Londres de aquel entonces. Así empezó el debate sobre esta aberración. Este asunto ha sido debatido ya a nivel de la Comisión Europea, y el Reino Unido sabe muy bien igual que Austria que no es posible modificar las prestaciones sociales, subsidios, impuestos de cualquier tipo discriminando en función del país de origen de los trabajadores residentes. No puede haber desigualdad de trato entre los ciudadanos europeos. De hecho, estas cosas son relativamente claras y el problema tiene muy fácil solución. Cuando en un país se emite una ley no conforme con el Derecho comunitario, se incoa el procedimiento de infracción, después de lo cual, si el Estado no tiene la intención de modificar dicha ley en el plazo establecido por la Comisión Europea, que por cierto es el guardián de los tratados y de los acuerdos de la Unión Europea, una vez cumplidos todos los trámites, dicha Comisión Europea presenta al Tribunal de Justicia Europeo una demanda contra ese Estado».
En opinión del profesor Chifu, como se trata de un asunto que ya se ha discutido hace cuatro años, y el expediente de esta causa está prácticamente completo, los procedimientos se ejecutarán lo suficientemente rápido como para no producir retrasos en aplicar sanciones si no se modifica una norma legal que es claramente discriminatoria a nivel europeo, completamente antieuropea. En general, el Tribunal Europeo de Justicia procesa con celeridad este tipo de causas y solo es cuestión de meses que de una sentencia final. El Estado miembro en cuestión debe ejecutar el dictamen del Tribunal modificando su propia legislación para adaptarla a las normas europeas que asumió cuando se convirtió en miembro de la Unión Europea
