Reacciones a las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno
Mientras los mandatarios afirman que las impopulares medidas anunciadas son absolutamente necesarias, los afectados amenazan con huelgas.
Corina Cristea, 04.07.2025, 11:37
Una mezcla de subidas de impuestos y recortes de gastos, aplicada al menos hasta finales del próximo año, es la receta con la que los mandatarios en Bucarest quieren sacar a Rumanía de la complicada situación financiera en la que se encuentra, marcada por un déficit presupuestario muy elevado. Las cifras muestran que el gasto presupuestario ha aumentado un 43% desde 2021, y la deuda pública se acerca a 1.100 billones de leus (unos 220.000 millones de euros), es decir, el 58% del PIB. Las autoridades rumanas afirman que la recuperación es imperativa, ya que es crucial para evitar que las agencias de calificación la rebajen a la categoría de país no recomendable para la inversión.
Rumanía no puede permitirse entrar en la categoría de «basura», lo que incluso conllevaría mayores tipos de interés en los préstamos que Bucarest se ve obligada a pedir. El primer paquete de medidas, destinado a corregir el déficit excesivo y cuya responsabilidad ha decidido asumir el Ejecutivo en el Parlamento, incluye, entre otras cosas, dos umbrales de IVA del 11% y el 21% respectivamente, el aumento de los impuestos especiales sobre los cigarrillos, el alcohol y los carburantes, el pago del seguro de enfermedad y de las pensiones superiores a 3.000 leus (600 euros), un aumento de dos horas en las horas lectivas y la disminución de las cantidades pagadas por la baja por enfermedad común, impuestos adicionales sobre los beneficios bancarios y de al menos el 30% sobre las ganancias procedentes de los juegos de azar, así como una restricción del grupo de empleados públicos que recibirán vales de vacaciones.
Como era de esperar, las medidas han generado descontento entre los afectados, muchos de los cuales ya están recurriendo a protestas espontáneas después de que el Gobierno decidiera frenar las primas. El diálogo del jueves entre las grandes confederaciones sindicales y el primer ministro Ilie Bolojan no ha producido, al menos de momento, el efecto deseado.
Han señalado que las medidas fiscales para reducir el déficit presupuestario se centran sólo en los asalariados y los pensionistas y que, sin un reparto equitativo del esfuerzo de contención del gasto, habrá cada vez más conflictos sociales. Existe el riesgo de que crezca la economía sumergida y, por supuesto, de que algunas empresas cierren y dejen de ser rentables, afirman los empresarios.
La Alianza para la Unión de los Rumanos, un grupo de oposición soberanista, cree que las medidas anunciadas por el gobierno causarán un choque en la economía del país. Como alternativa, la AUR propone, entre otras cosas, una reforma inmediata del sistema político reduciendo el número de parlamentarios, recortar el gasto presupuestario un 15% en dos años y poner fin a la contribución financiera y logística de Rumanía a la continuación de la guerra en Ucrania.
Al tener que poner en marcha medidas impopulares y decidido a poner orden en el sistema presupuestario, el primer ministro afirma que antes de finales de este mes se aprobarán otras medidas sobre las pensiones especiales, las instituciones públicas -recortando gastos y reorganizándolas- y las empresas públicas -a las que se recortarán las subvenciones-, que deberán gastar con eficacia y rendir bien.
Versión en español: Monica Tarău
