Bloqueo en el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional aplaza de nuevo la decisión sobre las pensiones de los magistrados
Corina Cristea, 30.12.2025, 11:30
La decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía sobre la reforma de las pensiones de los magistrados sigue pendiente, después de que tampoco el lunes se reuniera el quórum necesario para deliberar. Cuatro de los nueve jueces, propuestos por el PSD, no acudieron a la sesión, los mismos que habían abandonado la reunión dos días antes.
La nueva ley sobre las pensiones de los magistrados, para la que el Gobierno de Bolojan asumió la responsabilidad en el Parlamento, reduce las pensiones de jueces y fiscales, eleva la edad de jubilación y debía aplicarse a partir del 1 de enero. En la actualidad, los magistrados pueden retirarse de la actividad incluso a los 48 años, y la pensión puede llegar a ser igual al salario, es decir, un nivel muy elevado en relación con los ingresos de la población. La nueva ley prevé un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 65 años y establece que la cuantía de la pensión no pueda superar el 70 % de la retribución neta cobrada en el último mes de actividad.
El primer intento del Gobierno de eliminar esta desigualdad social, que ya no puede ser sostenida por la economía, según expresó el primer ministro Ilie Bolojan, fue rechazado en octubre por el Tribunal Constitucional, a raíz de una impugnación presentada por el Alto Tribunal de Casación y Justicia. El motivo fue que el Gobierno no solicitó, dentro del plazo previsto por la ley, el dictamen consultivo, pero obligatorio, del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
Entre tanto, el proyecto recibió un dictamen negativo por parte del CSM, y ante el Tribunal Constitucional se examina ahora otra impugnación del Alto Tribunal de Casación y Justicia, que considera que el proyecto discrimina a los magistrados en lo relativo al derecho a pensión y vulnera la independencia de la justicia.
Los cuatro jueces que no acudieron a las deliberaciones rechazan las acusaciones de boicot y sostienen que su ausencia fue un gesto de carácter procedimental, no político, alegando irregularidades y plazos acelerados. Han pedido aclaraciones adicionales al Gobierno y que se complete la documentación, concretamente con un estudio de impacto. Sin embargo, explica la presidenta del Tribunal Constitucional, Simina Tănăsescu, la solicitud de un documento de este tipo no constituye el objeto del expediente y, según la jurisprudencia del Tribunal, esos estudios no son un criterio para el análisis de constitucionalidad.
El aplazamiento por tercera vez de una decisión sobre la reforma de las pensiones de los magistrados ha generado numerosas reacciones políticas. El diputado del PSD Adrian Câciu cree que el Gobierno debería pedir de inmediato al Tribunal que se reúna con carácter urgente y adopte una decisión después del Año Nuevo. La diputada del PNL Raluca Turcan afirma que impulsará la modificación de la ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional para introducir sanciones por el boicot injustificado a la adopción de decisiones, mientras que el presidente de la USR, Dominic Fritz, considera que la reforma del Tribunal es una urgencia real y que se impone desvincular a sus miembros de intereses de grupo y de consignas partidistas. El portavoz de AUR, Ștefăniță Avrămescu, declara que, con el aplazamiento decidido por el Tribunal Constitucional, los rumanos son empujados hacia la pobreza, mientras los privilegios de algunos permanecen intactos.
Versión en español: Valeriu Radulian
