El Gobierno, sobre el aumento de impuestos y tasas
El Ejecutivo de Bucarest ha hecho una serie de aclaraciones sobre el aumento de los impuestos y tasas sobre la propiedad que ha provocado el descontento de la población.
Leyla Cheamil, 12.01.2026, 11:43
El nuevo año ha traído consigo un aumento de los impuestos y las tasas sobre la propiedad (edificios, terrenos y vehículos), lo que ha generado una reacción negativa de la población ante estas decisiones del Gobierno de Bucarest. A nivel nacional, los aumentos son, de media, un 70-80 % superiores a los del año pasado. Sin embargo, ante el descontento de los ciudadanos, el Gobierno ha hecho una serie de aclaraciones para justificar estas medidas impopulares. Así, según el Ejecutivo, el grado de recaudación era reducido y los impuestos no se actualizaban con la tasa de inflación, lo que generaba importantes pérdidas de ingresos para las autoridades locales. Al mismo tiempo, el Gobierno explicó que Rumanía era uno de los países europeos con menor porcentaje de ingresos procedentes de los impuestos sobre la propiedad: solo el 0,55 % del producto interior bruto, frente al 1,85 % de la media de la Unión Europea.
Había grandes diferencias en los impuestos entre una localidad y otra, y su valor no tenía en cuenta el valor de mercado del edificio en el caso de las personas físicas. Más de un tercio de los impuestos no se recaudaban, lo que generaba importantes pérdidas de ingresos para las autoridades locales, desigualdades entre los contribuyentes, falta de rendimiento en la administración y un aumento de las cantidades transferidas del presupuesto nacional a las autoridades locales, según se indica en un comunicado del Gobierno. De hecho, la reforma de la fiscalidad de la propiedad fue asumida por Rumanía ya en el período 2021-2022 a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y en todas las negociaciones con la Comisión Europea para reducir el déficit presupuestario, así como a través del Plan Fiscal Presupuestario Estructural a Medio Plazo.
También está prevista en el compromiso asumido por el Gobierno de Rumanía en diciembre de 2024, aprobado en enero de 2025 por la Comisión Europea. En este contexto, una de las prioridades del Ejecutivo para este comienzo de año es la reforma de la administración, conforme al acuerdo de la coalición de gobierno. Se prevé una reducción del 10 % de los gastos en la administración pública central y local. Cada autoridad decidirá si la reducción se aplicará a los puestos o al personal. A su vez, los ministerios y todas las instituciones centrales deben definir el plan de reducción, ya que, tal y como ha anunciado el primer ministro liberal Ilie Bolojan, el Gobierno tiene la intención de asumir la responsabilidad en el Parlamento de la reforma de la administración este mes, en una sesión extraordinaria del Legislativo.
De la adopción de la reforma de la administración pública depende también la elaboración del presupuesto para este año, que, según el primer ministro, debe ajustarse a un déficit del 6,4 %, de acuerdo con los compromisos asumidos. Las cifras del Ministerio de Finanzas correspondientes al año pasado muestran una disminución de 32 000 puestos ocupados en las instituciones y autoridades públicas hasta el mes de noviembre.
