La reforma de las pensiones de los magistrados, constitucional
El proyecto de reforma de las pensiones de los magistrados elaborado por el Gobierno de Bucarest fue declarado válido por los jueces del Tribunal Constitucional de Rumanía.
Corina Cristea, 19.02.2026, 12:30
Tras más de dos meses y cinco aplazamientos, el Tribunal Constitucional de Rumanía validó el proyecto del Gobierno de Bolojan que reduce las pensiones de jueces y fiscales y eleva la edad de jubilación hasta la ordinaria, con una aplicación gradual a lo largo de 15 años.
Con una mayoría de seis votos a tres, los magistrados constitucionales rechazaron la impugnación presentada por el Tribunal Supremo de Casación y Justicia en este asunto, mientras que la decisión de desestimar la solicitud dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue adoptada, según fuentes judiciales, por siete votos a dos. La resolución es definitiva y de obligado cumplimiento general, y la ley fue remitida a la Presidencia para su promulgación.
Disconformes, los representantes del Consejo Superior de la Magistratura consideran que el nuevo marco legislativo sobre jubilación producirá efectos graves en el funcionamiento del sistema judicial, puede provocar salidas del sistema y convertir la profesión de magistrado en poco atractiva para las nuevas generaciones de juristas. En un comunicado, el Consejo vuelve a señalar el déficit de magistrados y la elevada carga de trabajo, así como la imposibilidad de contratar personal, aspectos que, según afirma, son ignorados por los demás poderes del Estado.
Una posición similar mantienen los jueces del Tribunal de Apelación de Bucarest. Sostienen que el Gobierno optó por reconfigurar la arquitectura constitucional al romper el equilibrio entre los poderes del Estado, único mecanismo que actuaba como filtro frente a posibles excesos de poder.
La clase política, sin embargo, saludó la decisión del Tribunal Constitucional. El presidente Nicușor Dan declaró que se trata de un gesto de equidad y aseguró a jueces y fiscales que su labor es respetada y que su papel en la arquitectura institucional del Estado está plenamente reconocido. También el primer ministro Ilie Bolojan celebró el fallo, mientras que el ministro de Justicia, Radu Marinescu, expresó su esperanza de que el estatuto de cualquier profesión garantice estabilidad y normalidad.
Los líderes de la coalición gubernamental hablaron de justicia social y de la necesidad de eliminar privilegios, así como de reducir el riesgo, considerado hasta hace poco inminente, de que Rumanía perdiera fondos europeos vinculados a esta reforma, adoptada con considerable retraso.
El Ejecutivo comunitario indicó oficialmente que tomó nota de la decisión del Tribunal Constitucional, aunque continúa evaluando si desbloqueará los 231 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, fondos condicionados a la reforma de las pensiones de los magistrados. En Bucarest, el ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoș Pîslaru, prometió realizar todas las gestiones necesarias para que esos recursos no se pierdan.
Versión en español: Valeriu Radulian
