El ROBOR, motivo de discordia
El Consejo de la Competencia ha impuesto multas récord a diez bancos rumanos por una supuesta violación de las normas de competencia en la fijación del índice ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate). ¿Qué significa esto para los rumanos con créditos?
Roxana Vasile, 17.06.2026, 13:13
Aunque se encuentran entre los ciudadanos más pobres de la Unión Europea, los rumanos pagan por los créditos al consumo o hipotecarios unos tipos de interés mucho más elevados que otros habitantes del continente. Una de las razones es la elevada inflación, ya que los bancos rumanos ajustan los tipos de interés en función de este indicador. En segundo lugar, la economía rumana se considera más arriesgada que otras, lo que determina la aplicación de márgenes de interés más elevados. Por último, las entidades bancarias rumanas tienen acceso a financiación a un coste más elevado frente a las de la Europa desarrollada, y esto se refleja en los tipos de interés que ofrecen a los clientes.
Y, como si todo esto no fuera suficiente, a principios de junio, una noticia bomba dio la vuelta a las redacciones: el Consejo de la Competencia impuso multas por valor de casi 4.000 millones de leus —es decir, más de 700 millones de euros— a diez de los bancos más grandes de Rumanía. Se acusa a dichos bancos de haber infringido las normas de competencia —la Ley de Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea— y de haber coordinado su comportamiento en el marco del procedimiento de fijación del índice ROBOR, esa palabra casi… mágica, cuyo conocimiento y comprensión se convierten en una necesidad para cualquier persona física o jurídica de Rumanía que tenga un crédito en leus o esté pensando en solicitar uno.
El ROBOR (siglas de «Romanian Interbank Offer Rate»), que ya fue protagonista en años anteriores, cuando experimentó un fuerte aumento, es el tipo de interés al que los bancos rumanos se prestan dinero entre sí en moneda nacional, a corto plazo. Ahora bien, si alguien tiene un crédito en leus con interés variable, este se compone de dos partes: una fija, negociada con el banco y recogida en el contrato, y otra variable, determinada por el índice de referencia. Si sube el ROBOR, sube el interés total y, evidentemente, la cuota mensual. Dicho de otro modo, del ROBOR depende en gran medida la calidad de vida de una familia con cuotas bancarias o el éxito del negocio que un empresario quiera desarrollar con la ayuda de un préstamo bancario.
El presidente del Consejo de la Competencia, Bogdan Chirițoiu, ha explicado el mecanismo de posible manipulación del ROBOR:
«El índice ROBOR es importante porque influye en los tipos de interés que se pagan por los créditos. El problema es que no podemos fijarlo basándonos en transacciones reales y, por lo tanto, sustituimos esas transacciones reales por otras potenciales: ¡eso es lo que significa la fijación del ROBOR! Es decir, la pregunta es: señor, usted no quiere prestar dinero a otro banco durante nueve meses, pero, si se lo prestara, ¿a qué precio se lo prestaría, a qué tipo de interés? Y, por eso, las normas —que son europeas, no nacionales— dicen que las cotizaciones deben ser independientes. Así que un banco no debe fijarse en lo que hace otro banco, no debe saber lo que hace otro banco, para que no puedan orientarse unos por otros y, de esa manera, puedan llevar ese índice más alto de lo que correspondería. ¡Pues bien, eso es lo que ha pasado aquí! Ha habido intercambios de información entre bancos; los bancos podían ver y orientarse en función de lo que hacían otros bancos, y eso distorsiona la fijación del índice ROBOR. ¿Es grande esa influencia? El ROBOR varía entre un mínimo y un máximo que establece la política del Banco Nacional de Rumanía (BNR). Así pues, el BNR no permite que suba por encima de un determinado nivel, ni que baje por debajo de otro, pero todo este margen es de unos pocos puntos porcentuales».
Como era de esperar, la acusación de que los diez bancos habrían coordinado su comportamiento mediante el intercambio de información confidencial y estratégica para fijar el ROBOR ha generado perplejidad, indignación y reacciones tanto por parte de los beneficiarios de los créditos como de los propios bancos.
En el Parlamento de Rumanía, el senador del PSD Daniel Zamfir ha presentado un proyecto de ley que tiene por objeto crear un mecanismo para que los clientes reciban una indemnización en casos de este tipo:
«En caso de que una autoridad estatal —el Consejo de la Competencia o la ANPC— constate, como consecuencia de prácticas de competencia desleales o de errores demostrados, que se ha perjudicado a los consumidores de créditos, los bancos tienen la obligación de corregir los errores constatados, recalcular las obligaciones contractuales aplicando una fórmula de cálculo revisada a todos los contratos y restituir íntegramente el perjuicio demostrado tras la investigación en un plazo de 45 días a partir de la solicitud del consumidor».
Por su parte, los bancos sancionados han anunciado que recurrirán ante los tribunales las sanciones impuestas y se defienden alegando que han cumplido estrictamente la normativa vigente. Incluso el Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha solicitado aclaraciones al Consejo de la Competencia, rechazando la idea de la existencia de un cártel. No obstante, algunos analistas creen que los efectos de la decisión del Consejo de la Competencia podrían ir más allá del mero impacto financiero de las multas. Es el caso de la vicepresidenta de CFA Rumanía, Alexandra Smedoiu, quien considera que podría reabrirse incluso todo un debate sobre la forma de fijar el ROBOR:
«Es posible que se reconsidere este mecanismo, quizá incluso que se elimine. Esto significa también que, en la práctica, ya no habrá una referencia para los contratos a medio y largo plazo, es decir, probablemente solo habrá una referencia para plazos muy cortos».
Más de un millón de rumanos se habrían visto afectados por la manipulación del ROBOR, lo que, para muchos, ha supuesto oportunidades perdidas: vacaciones a las que han tenido que renunciar, ahorros que ya no se han podido destinar a los hijos, reformas pospuestas o inversiones en educación que no se han llevado a cabo. A falta de una rectificación voluntaria de los contratos y del pago de las indemnizaciones por parte de los bancos, podrían producirse decenas, o quizá cientos de miles, de demandas ante los tribunales. Y, por supuesto, la confianza pública en el sistema bancario podría verse gravemente afectada.
Versión en español: Monica Tarău