¿Quién controla la actividad de las agencias de contratación y colocación de trabajadores extranjeros?
La actividad de contratación y colocación de mano de obra extranjera se rige por la Ordenanza 25/2014, en su versión modificada y complementada, un texto legal que no satisface todas las necesidades actuales de regulación de los agentes y organismos encargados del régimen de extranjeros en Rumanía.
Iulia Hau, 01.10.2025, 15:36
Según datos de la Oficina Nacional del Registro Mercantil, en agosto de 2025, 7073 agencias operaban con los códigos CAEN necesarios para realizar actividades de colocación laboral. En 2020, su número era de 5074. Sin embargo, investigaciones periodísticas recientes muestran que muchas otras empresas realizan estas actividades sin contar con los códigos CAEN que les otorgarían este derecho. Actualmente, cualquier persona, sin formación, habilidades ni ética, puede gestionar la obtención de permisos de trabajo para trabajadores extranjeros que disponen de poco tiempo para firmar un contrato laboral. En el caso de quienes acaban de llegar al país, el plazo es de 15 días hábiles, y en caso de cambio de empleador, el plazo es de 90 días a partir de la celebración del último contrato. Contando con estos plazos y con la presión de los extranjeros para que no residan ilegalmente, las agencias o personas que presentan sus expedientes a la Inspección General de Inmigración pueden cobrar tasas, por muy elevadas que sean, a cambio de contratos, por muy desfavorables que sean para los trabajadores. Ante la falta de un marco legislativo coherente que regule estos trámites burocráticos esenciales en relación con la situación de los extranjeros en Rumanía, los abusos, la corrupción y el fraude proliferan sin trabas.
Silvia Tăbușcă, experta en trata de personas, menciona que, tras la entrada de Rumanía en el espacio Schengen, los costes de estas agencias aumentaron.
«En primer lugar, según las normas internacionales, las empresas de contratación no pueden cobrar dinero a los empleados. Por lo tanto, solo el empleador puede pagar a una agencia de contratación, no la persona contratada. Esto constituye una infracción. Lo que ocurre es que la agencia de contratación en Rumanía coopera y comparte el dinero con la agencia de contratación en el país de origen, y esta última cobra una cantidad, a veces bastante elevada, porque las personas pagan sobornos para asegurarse un trabajo en la Unión Europea».
La experta cree que estas agencias son las principales responsables de la entrada ilegal de extranjeros.
«Mi percepción es que durante años, a nivel político y a nivel de algunos ´´hombres inteligentes´´, se ha ganado mucho dinero a costa de personas que, lamentablemente, pierden sus hogares, pierden la vida y acaban con problemas mentales debido a promesas que las agencias de contratación no cumplen. Desde mi punto de vista, ellos son los primeros culpables, y en segundo lugar están los empleadores. He revisado muchos casos. Las agencias de colocación aconsejan a los empresarios cómo deben actuar, llegando a veces incluso a dejarles ilegalmente, precisamente para pagarles salarios inferiores a los negociados inicialmente.»
Según explica la experta, la entrada ilegal a territorio rumano supone una ventaja para las agencias de contratación, ya que se libera el cupo anual de trabajadores migrantes. Así, las agencias pueden atraer a otros extranjeros, de quienes obtienen nuevas remuneraciones. Tăbușcă cree que se necesita una mayor transparencia en todo el proceso de contratación, ya que existen sospechas de corrupción tanto a nivel de las autoridades como de las agencias, tanto de aquí como de los países de origen. También cree que el proceso, en su estado actual, favorece la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
«Abogo por la transparencia en todo el sistema, para que el extranjero también conozca, tenga un número y haga un seguimiento basado en ese número, los documentos que el empleador presentó o no presentó. Si el empleador prometió presentarlos en un plazo de 30 días y no los presentó, él ve dentro de esos 30 días, impugna o toma medidas, o escribe a Inmigración. El empleador no presentó mis documentos, aunque me prometieron que los presentaría. No hay razón para no extender el contrato de trabajo. No me informaron al respecto, pero me mintieron. Es decir, debería haber un debate permanente de alguna manera».
Varios expertos opinan que Rumanía ha presentado tantas decisiones de retorno como ha sido posible para demostrar que gestiona la migración irregular y que cumple los requisitos para entrar y permanecer en el espacio Schengen. Mientras tanto, los extranjeros que pagan por servicios de colocación y diligencia para obtener permisos se encuentran en situaciones ilegales o en condiciones laborales que no cumplen con la legislación laboral rumana: turnos de 12 a 13 horas al día, turnos nocturnos mal pagados, a menudo trabajando ilegalmente y sin derecho a permanecer, sin siquiera saberlo. Sin saber que firmaron contratos o que no fueron prorrogados.
Los expertos afirman que es hora de que las autoridades establezcan estándares en el ámbito de la contratación. Es hora de que la actividad de estas agencias y agentes sea controlada y regulada, especialmente porque las víctimas de irregularidades, los ciudadanos extranjeros, se enfrentan a la barrera del idioma y a la dificultad de comprender el marco legislativo.
La Inspección General de Inmigración (IGI) argumenta que un extranjero debe saber que su principal obligación es permanecer en el territorio del Estado rumano mientras se lo permita el visado o permiso de residencia emitido por las autoridades. Según la legislación rumana, la solicitud de un permiso de trabajo corresponde al empleador. Lo importante es la seriedad de los empleadores en las relaciones contractuales, añaden los representantes de la IGI. Los funcionarios de la IGI se distancian de cualquier acción indebida o ilegal, mencionando que, cuando la situación lo requería, se notificaba a la fiscalía sobre posibles delitos de corrupción o similares, respectivamente, en relación con el tráfico de migrantes. Entre 2022 y 2024, la institución realizó seis notificaciones de este tipo por posibles delitos. La dirección de la IGI y los funcionarios de la Dirección General Anticorrupción han organizado permanentemente actividades de asesoramiento y prevención de la corrupción a nivel de todas las estructuras subordinadas, recordaron los representantes de la Inspección General de Inmigración.
versión española: Simona Sarbescu
