Las pensiones de los magistrados, tensiones en la coalición
Vuelve a caldearse el ambiente en la escena política de Bucarest.
Bogdan Matei, 23.10.2025, 11:05
Para los comentaristas políticos extranjeros, la coalición gubernamental cuatripartita de Bucarest, declarada prooccidental, es, presumiblemente, funcional. Reúne únicamente a formaciones que pertenecen a las llamadas corrientes políticas centristas del continente, que dominan el Parlamento Europeo y que alimentan con sus cuadros al Ejecutivo comunitario: el PSD está afiliado a los socialistas, el PNL y la UDMR a los populares, mientras que la USR forma parte de los liberales Renew.
Para los comentaristas políticos locales, se trata más bien de una coalición contra natura. El PNL y el PSD han sido, con altibajos, enemigos acérrimos desde los albores de la democracia rumana poscomunista. La USR ha contestado vehementemente las políticas de los socialdemócratas y los liberales. La UDMR se ha asociado tanto con la derecha como con la izquierda, solo para participar en los beneficios del poder. Sin embargo, han estallado polémicas acaloradas en la coalición después de que el Tribunal Constitucional admitiera la denuncia presentada por el Tribunal Superior de Casación y Justicia en relación con la ley sobre las pensiones de los magistrados, por la que el Gobierno asumió la responsabilidad en el Parlamento, y determinara que el acto normativo era inconstitucional.
Según el Tribunal Superior, la ley viola 37 decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y muchos principios básicos del estado de derecho. El primer ministro liberal Ilie Bolojan había denunciado que los magistrados rumanos se jubilan a los 48-49 años y que la pensión media en la magistratura supera los 24.000 leus (el equivalente a unos 4.800 euros). Numerosas pensiones alcanzan los 35.000-40.000 leus, especialmente en el caso de los magistrados que han ocupado cargos de dirección. Este hecho se considera escandaloso en una sociedad en la que la pensión media equivale a unos 500 euros, dinero por el que una persona normal trabaja entre 35 y 40 años. «Con la reforma que proponemos, habrá un período transitorio de 10 años, al final del cual la jubilación de los magistrados se producirá a los 65 años, la edad estándar de jubilación en Rumanía», afirmó el primer ministro. Además, había anunciado la limitación del importe de la pensión de un magistrado del 100 % al 70 % de los ingresos netos del último mes, es decir, entre 14.000 y 15.000 leus.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, todos los partidos del Gobierno expresaron su consternación. Los líderes de la USR, Dominic Fritz, y de la UDMR, Kelemen Hunor, propusieron, de forma bastante tímida, la organización de un referéndum para eliminar las pensiones especiales. Y entre socialistas y liberales comenzaron de nuevo a fluir las recriminaciones mutuas. El PSD anuncia que elaborará por su cuenta otro proyecto de ley que el Tribunal admita, y su líder interino, Sorin Grindeanu, dice que Ilie Bolojan podría irse a casa. Es hipócrita que el PSD invoque la responsabilidad ante una reforma que precisamente sus propios miembros están socavando, replica la liberal Raluca Turcan, en referencia al ministro de Justicia, Radu Marinescu, apoyado por los socialdemócratas. Desde el territorio, las filiales provinciales de los dos partidos envían comunicados mordaces a sus socios.
Casi divertida, la prensa escribe que las tensiones aumentarán, sin duda, cuando los partidos del Gobierno compitan de nuevo, el 7 de diciembre, en las elecciones a la alcaldía de Bucarest, cargo que quedó vacante después de que el antiguo alcalde, Nicușor Dan, asumiera la presidencia del Estado.
