Alternativas para los migrantes que se encuentran en situación irregular
En los últimos años, Rumanía ha traído a cientos de miles de trabajadores de fuera de la Unión Europea, pero muchos de ellos desaparecen de las estadísticas y se quedan atrapados en una situación de estancia ilegal, sin soluciones reales para salir de ella. ¿Qué más se podría hacer, aparte de emitir órdenes de retorno a sus países de origen?
Iulia Hau, 04.03.2026, 12:05
Entre 2021 y 2024, se firmaron en Rumanía unos 340.000 nuevos contratos de trabajo individuales para ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, a principios de 2025, menos de 150.000 de estos trabajadores seguían registrados en el sistema. No sabemos cuántos han abandonado el país y cuántos permanecen en situación irregular y siguen trabajando aquí, pero es difícil creer que se trate de un fenómeno marginal.
Una vez que se encuentra en situación irregular, un migrante no tiene muchas opciones para regularizar su situación. La más habitual es contratar a un abogado de buena fe, con experiencia en la materia, y demandar a la institución o empresa que lo ha empujado a la ilegalidad. Los costes (alrededor de 1.500 euros, según estimaciones de abogados y organizaciones especializadas), el número muy reducido de profesionales y el hecho de que el proceso dure al menos un año, tiempo durante el cual no se le permite trabajar legalmente, hacen que esta vía sea, para muchos, casi imposible.
Anatolie Coșciug, subdirector del Centro para el Estudio Comparativo de la Migración y profesor universitario en la Universidad «Babeș Bolyai» de Cluj Napoca, afirma que el régimen migratorio de Rumanía funciona con procedimientos muy sencillos, casi rudimentarios. En países con una tradición migratoria más larga, explica, ya se ha creado una gama mucho más variada de mecanismos para responder a las situaciones en las que los extranjeros se encuentran en situación irregular.
«De hecho, según nuestras investigaciones, la principal forma que vemos que funciona son los acuerdos bilaterales bien hechos entre dos Estados, pero más allá de eso, en general, son precisamente entre las instituciones que se ocupan del proceso. Por ejemplo, entre el Ministerio de Trabajo de Sri Lanka, Bangladesh o Nepal y nuestro Ministerio de Trabajo o la Inspección General de Inmigración. Deberían ser precisamente entre las instituciones que desempeñan un papel, porque eso es lo más importante, no solo un acuerdo a nivel estatal, como un memorando de entendimiento, sino más bien aquellas instituciones que se ocupan de los aspectos prácticos: conocen todos los detalles, todos los problemas, en teoría, que se producen en la comunidad. Y eso incluye todo tipo de procesos o procedimientos mediante los cuales las situaciones excepcionales se comprenden y resuelven más fácilmente. Es decir, todo lo que sabemos que conduce a situaciones de irregularidad puede resolverse mucho más fácilmente si hay personas designadas específicamente en el marco de los acuerdos para ocuparse de ello. Lamentablemente, no tenemos acuerdos con ninguno de los principales países de donde proceden los trabajadores».
Cuando se le pregunta por qué se retrasa la firma de estos acuerdos, Anatolie Coșciug responde que el tema ocupa un lugar muy secundario en la agenda pública, probablemente ni siquiera entre las 15 prioridades principales del Estado. Por otro lado, Rumanía tampoco es un destino importante para los países de origen: para los nepalíes, los esrilanqueses o los bengalíes, las principales rutas de emigración siguen siendo los países de Oriente Medio (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí), pero también la India, Malasia o Singapur.
«Todavía teníamos la conversación o la idea de la que hablábamos la última vez, con las ¨ciudades santuario¨, que funcionan muy bien en EE. UU. También hay algunos ejemplos en Europa donde funcionan muy bien».
Cuando hablamos de estas «ciudades santuario» o barrios considerados más seguros para los migrantes, nos referimos a iniciativas muy diversas. En algunos casos se trata de decisiones políticas claras, mediante las cuales los ayuntamientos limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. En otros, se trata simplemente de comunidades en las que, con el tiempo, se han creado redes de apoyo y donde los controles son menos intrusivos. Lo que tienen en común es la idea de que las personas indocumentadas intentan organizar su vida cotidiana en un espacio donde el riesgo de ser detenidas en la calle es algo menor, afirma el investigador:
«También está la cuestión de la tolerancia, que en varios países es una institución en sí misma. Existe una institución de casos que se toleran, que son conocidos. Alemania es un buen ejemplo, Francia es un buen ejemplo en este sentido. Y a nosotros nos falta. Tenemos este estatus de tolerancia para los solicitantes de asilo, en determinadas condiciones, para determinados casos. Por ejemplo, si vienen de un país donde, en general, hay relativa tranquilidad, pero ellos provienen de una comunidad determinada… Pero también existe para los inmigrantes».
Anatolie Coșciug pone también el ejemplo de España, donde, según él, se puede obtener una especie de estatus de «tolerado» de muchas maneras: si se es padre de un niño matriculado en el sistema educativo español, si se ha sufrido un accidente laboral, por diversos méritos extraordinarios o en casos considerados de interés público. Aquí entran en juego esas historias espectaculares en las que alguien sin papeles salva la vida de otra persona o ayuda de manera decisiva a las autoridades, y el Estado decide que sería injusto enviarlo de vuelta a su país y le concede, precisamente por esos méritos, un permiso de residencia legal.
«Si miras los países de donde vienen los que tienen estatus de tolerados en nuestro país, verás que es solo una lista muy corta de países que aceptan».
En Rumanía, estos mecanismos casi no existen: en 2024, solo unas cien personas tenían el estatus de toleradas, según un informe de la AIDA (Asylum Information Database), lo que es muy poco comparado con el número de personas que pierden su residencia legal cada año. El experto también destaca el efecto negativo que las devoluciones, ya sean forzadas o «voluntarias», tienen sobre los migrantes. Los estudios muestran que estos se encuentran, de hecho, entre los migrantes más vulnerables: a menudo se les mira con recelo o vergüenza en las comunidades a las que regresan y tienen muchas menos posibilidades de rehacer sus vidas. Además, muchos de ellos intentan volver a entrar en los países de los que han sido expulsados.
Versión en español: Monica Tarău
