Legislación para la protección antisísmica

El primer ministro Nicolae Ciucă declaró, en el consejo de ministros del miércoles, que Rumanía era un país de riesgo sísmico, mencionando que habría que implementar a la mayor brevedad posible el procedimiento de certificación de las compañías, por ámbitos de especialidad, en el sector de la construcción. Es más, según el primer ministro, habrá que regular la responsabilidad relativa a la estructura de resistencia. El primer ministro aseguró que seguirá tomando medidas gubernamentales en materia de riesgos sísmicos, y que el Gobierno y las autoridades locales tomarán medidas de modo que se puedan gestionar todos los programas y proyectos de consolidación de la infraestructura.

Mientras tanto, el Ministerio de Fomento rumano ya está implementando el Programa Nacional de Consolidación de los Edificios de Riesgo Sísmico Elevado, al que se le asignó, para este año, un presupuesto de 200 millones de leus (unos 40 millones de euros) en concepto de créditos presupuestarios, y 500 millones de leus (unos 100 millones de euros) en concepto de créditos de compromiso, con una financiación del       100 %. Así pues, las personas que viven en edificios consolidados y las autoridades locales no se verán obligadas a devolver el dinero asignado a la consolidación.

Según los datos oficiales, desde principios de 2023 se han presentado solicitudes de financiación para la consolidación sísmica de casi 400 edificios. El ministro de Fomento, Cseke Attila, ha anunciado que los primeros 50 proyectos presentados dentro del Programa Nacional de Consolidación de los edificios de riesgo sísmico elevado ya han sido seleccionados, de cara a su financiación. Centros de educación, edificios socioculturales, bloques de viviendas, edificios administrativos y centros sanitarios han sido incluidos en el listado de los que pueden recibir financiación, después de que las autoridades locales presenten la documentación adicional requerida.

Los edificios están en todo el país y la cantidad total solicitada para su consolidación es de 738 millones de leus (unos 148 millones de euros). Además, el Gobierno decidió, en su junta del miércoles pasado, enviar al Parlamento para debate y aprobación un proyecto de ley que proponía, entre otras cuestiones, prohibir el alquiler de los pisos en edificios del primer grupo de riesgo sísmico. La interdicción empieza en el momento en que se realiza la evaluación rápida visual y cesa cuando terminan las obras de consolidación del edificio. Según el ministro de Fomento, después de que esta ley entre en vigor, los contratos de alquiler existentes cesarán de pleno derecho en un plazo máximo de 30 días.

El miércoles pasado también, el Ejecutivo rumano adoptó un decreto ley de urgencia referente al programa «Escuelas seguras y saludables», que propone un procedimiento simplificado para incluir en el programa de inversiones las escuelas encuadradas en la primera categoría de riesgo sísmico. El listado de las escuelas lo elaborará el Ministerio de Educación y lo enviará al Ministerio de Fomento.

Según los datos oficiales, aparte de los edificios consolidados mediante el Programa Nacional de Consolidación, el ministerio también está financiando, a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, otros 251 edificios y, a través de la Compañía Nacional de Inversiones, 57 edificios.

Traducción al español: Gabriela Ristea