La entrada en la ilegalidad de los extranjeros que llegan a Rumanía con visados de trabajo

Una faceta menos conocida de la reciente migración económica es la pérdida masiva del estatuto jurídico de los ciudadanos que llegan a Rumanía con visados de trabajo. Se trata de un problema ignorado por el sistema, que afecta a decenas de miles de personas.

Iulia Hau, 10.09.2025, 13:15

La presencia de trabajadores asiáticos ha sido motivo de debate en los medios de comunicación y de división de la opinión pública en Rumanía en los últimos días. La agresión xenófoba en la calle a un repartidor de Nepal ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estas personas, que llegan en número cada vez mayor para ocupar los puestos de trabajo que los rumanos no quieren o prefieren ocupar en países occidentales. Una semana después del incidente, el Ayuntamiento de la capital aprobó, y luego canceló en el último momento, una protesta contra los inmigrantes organizada por dos formaciones de derecha. Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Bucarest anunció que retiraba temporalmente del debate público el proyecto de aprobación de la Estrategia de Inclusión de los Inmigrantes de la Capital.

Sin embargo, un aspecto esencial de la situación de los trabajadores asiáticos sigue estando completamente fuera del centro de la atención pública: su llegada a Rumanía de forma legal, con visados de trabajo, y su entrada en la ilegalidad por motivos ajenos a su control. Según los datos oficiales recopilados por la Oficina de Inmigración y el Ministerio de Trabajo, entre 2021 y 2024 se expidieron 250 000 visados con fines laborales. En el mismo período, se expidieron permisos de residencia temporal con fines laborales para solo 138 000 personas, de las cuales, en noviembre de 2024, menos de 100 000 seguían siendo válidos.

Para llegar a Rumanía, la mayoría de los asiáticos solicitan préstamos de miles de euros para pagar las comisiones de las agencias (tanto de Rumanía como de sus países de origen), el billete de avión y las tasas relacionadas con el visado. Sin embargo, muchos de ellos pierden su derecho de residencia en procesos burocráticos sobre los que no tienen ningún control.

Daniela Zaharia-Mănescu, abogada especializada en migración y tráfico de personas, afirma que hay situaciones en las que, una vez llegados a Rumanía, se exige a los extranjeros que trabajen en puestos totalmente diferentes a aquellos para los que aceptaron venir aquí :

«Así que se les cambia el tipo de trabajo. Cuando llegan a territorio rumano, descubren que, en realidad, tienen que trabajar en otra cosa, en otro lugar y quizá con un salario totalmente distinto y quizá también con condiciones de trabajo y alojamiento totalmente diferentes a los que se les ofrecieron, y con un horario de trabajo diferente. Tenemos dos hipótesis: o acepta esas condiciones o, si no las acepta, no se le renueva el contrato de trabajo. En ese caso, debe encontrar otro empleador, para que este, en el plazo que le queda al ciudadano extranjero, pueda obtener el permiso de trabajo».

El plazo al que se refiere la especialista representa  la validez del visado con fines laborales con el que se entra en el país: es decir, 90 días :

«No hay tiempo, porque el sistema y el procedimiento para solicitar el permiso de trabajo son largos. Y ha habido muchos ciudadanos que se han quedado así, sin tener realmente la culpa, en situación irregular, porque, hay que reconocerlo, a nosotros, como ciudadanos rumanos, nos cuesta encontrar trabajo, pero a un ciudadano extranjero aún más. Y además hay que añadir la carga que supone para el empleador realizar trámites adicionales para obtener el permiso de trabajo».

Esta es solo una de las muchas situaciones en las que los ciudadanos extranjeros pueden entrar en la ilegalidad. La segunda situación común de entrada en la ilegalidad es el cambio de empleador. Los extranjeros no solo tienen derecho a cambiar de empleador sin restricciones después de un año de trabajo en la primera empresa para la que trabajan, sino que muchos se ven obligados a hacerlo. Las empresas pueden quebrar, perder el derecho a contratar extranjeros o, simplemente, decidir que ya no los necesitan.

El cambio de trabajo implica, en primer lugar, la obtención de un nuevo permiso de trabajo por parte de un nuevo empleador, un procedimiento complejo que requiere una serie de condiciones y documentos expedidos y presentados dentro del plazo establecido. El extranjero dispone de 90 días para obtener el nuevo permiso. Aunque su implicación y responsabilidad en este proceso son mínimas, si el expediente es rechazado, él es el único que sufre las consecuencias.

La abogada opina que el sistema no ofrece a los extranjeros medios de defensa cuando se trata de la pérdida de su estatus legal. Muchos incluso se convierten en víctimas de la trata de personas y la explotación laboral sin disponer de asesoramiento jurídico eficaz y cualificado ni de la protección del Estado rumano.

Cuando se le pregunta cuáles serían las posibles soluciones a este fenómeno tan extendido y, sin embargo, ignorado, la experta Daniela Zaharia-Mănescu responde:

«Por lo tanto, si me lo preguntaran, yo optaría en primer lugar por propuestas de modificaciones legislativas. En la exposición de motivos, evidentemente, habría que mencionar cuáles son los problemas actuales, por qué es útil la modificación, en qué ayudaría y cuáles serían las consecuencias. Lo cierto es que debe existir esta voluntad, hay que constatar que este fenómeno existe. En primer lugar, debemos darnos cuenta, tomar conciencia de que este fenómeno existe. Es evidente que no podemos detenerlo, pero al menos podemos mitigar en la medida de lo posible las consecuencias negativas, de modo que podamos controlarlo de alguna manera y ofrecer protección a los ciudadanos extranjeros».

En 2024, la Inspección General de Inmigración emitió 2876 decisiones de retorno, un número significativamente menor que en los dos años anteriores, marcados por los esfuerzos de adhesión de Rumanía al espacio Schengen: casi 4000 en 2023 y 4316 en 2022. La decisión de retorno es el acto administrativo por el que la Inspección General de Inmigración constata la estancia ilegal del extranjero en el territorio de Rumanía y establece su obligación de regresar a su país de origen, así como el plazo para su salida voluntaria de Rumanía.

Versión en español: Brigitta Pana