El Gobierno adoptó el paquete de medidas fiscales y presupuestarias
El Gobierno rumano asume la responsabilidad de una ley destinada a reequilibrar el presupuesto
Ştefan Stoica, 26.09.2023, 10:35
La ley por la que el Ejecutivo de Bucarest ha optado por presentar ante el Parlamento pretende hacer más eficaz la lucha contra la evasión, acabar con el despilfarro presupuestario y lograr la equidad fiscal eliminando excepciones y privilegios. En virtud del paquete, todos los asalariados pagarán el seguro de salud, incluidos los de la construcción y la agricultura, que hasta ahora estaban exentos, y los empleados del sector informático con sueldos superiores a 10.000 leus, el equivalente a 2.000 euros, pagarán a partir de ahora impuestos sobre sus salarios.
Por otra parte, los empleados del sector público con sueldos superiores a 8.000 leus netos dejarán de recibir vales de vacaciones o de comida. Pagarán un impuesto especial quienes posean casas de más de 500.000 euros, a menos que tengan amortizaciones bancarias sobre su residencia. Las grandes empresas y los bancos pagarán un impuesto del 1 por ciento de la facturación. En cuanto al IVA, la ley no introduce cambios sustanciales.
Según el primer ministro, Marcel Ciolacu, se mantienen el IVA del 9 % sobre los alimentos y las medicinas y el impuesto del 5 % sobre la leña, la energía, el gas y los libros. El primer ministro rechazó las afirmaciones de que se trata de medidas de austeridad. Pero, subrayó Marcel Ciolacu, Rumanía ya no puede permitirse facilidades y privilegios por valor de 75.000 millones de leus (15.000 millones de euros) y una evasión fiscal de 150.000 millones de leus (30.000 millones de euros) anuales, lo que representa el 15 % del PIB.
El jefe del Gobierno recordó que el salario mínimo en la economía aumentará un 10 %, de 3.000 a 3.300 leus, mientras que en la construcción el salario mínimo aumentará un 12,5%, de 4.000 a 4.500 leus. Marcel Ciolacu declaró también que el proyecto de reforma fiscal y presupuestaria pondrá en marcha la reforma más ambiciosa del sistema presupuestario desde la Revolución de 1989.
Los partidos de la oposición, independientemente de su color político, han criticado las medidas fiscales y presupuestarias y afirman que deben detenerse por cualquier medio constitucional. Desde el punto de vista del procedimiento, tienen a su disposición el instrumento de una moción de censura que, de aprobarse, también derribaría al Ejecutivo. Sin embargo, se trata solo de una opción teórica, que la actual aritmética parlamentaria, favorable a los partidos de la coalición gobernante, PSD y PNL, la convierte en prácticamente imposible. Otra vía es impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional. El escenario más peligroso sería que las nuevas medidas quedaran invalidadas por la realidad económica.
El Consejo Económico y Social, órgano independiente, ya ha emitido un dictamen desfavorable sobre el proyecto de ley, alegando que los recortes del gasto son poco convincentes y tendrán efectos negativos en la economía. Cubrir el déficit presupuestario aumentando la presión fiscal sobre el sector privado ha demostrado tener el efecto contrario en el pasado y es muy probable que, como consecuencia de estas medidas, los ingresos presupuestarios disminuyan en lugar de aumentar, advirtió el Consejo Económico y Social.
Versión en español: Antonio Madrid
